Los que quieren frenar la venta de tierras en Península de Magallanes ya tienen fecha para saber si la Justicia les da la razón
La Justicia Federal de Río Gallegos tiene en sus manos la llave para frenar la venta de tierras estratégicas en Península de Magallanes. Los amparistas esperan una resolución esta semana, y lo que se define no es un detalle: el futuro de un área natural protegida está en juego.
La disputa por las tierras estratégicas del Área Natural Protegida Península de Magallanes sumó un nuevo capítulo esta semana: los amparistas aguardan que el Juzgado Federal de Río Gallegos se pronuncie sobre la medida cautelar que busca suspender la operación. La resolución podría conocerse en los próximos días.
La acción judicial fue presentada la semana pasada por cuatro diputados provinciales de la oposición y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), según había anticipado La Opinión Austral. Los legisladores Agostina Mora, Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy (PJ, Unión por la Patria), junto al director general del CEJUS, Fabián Alejandro Toledo, impulsaron la demanda.
El escrito apunta directamente contra el Estado nacional y pone en tela de juicio la validez constitucional del artículo 154 del DNU N° 70/2023, que derogó la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Qué piden los amparistas
La presentación solicita una medida cautelar urgente e "inaudita parte" para dejar sin efecto tanto el decreto nacional como el Decreto Provincial N° 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal.
El objetivo es paralizar de inmediato cualquier acto administrativo o material que consolide la operación sobre las parcelas G2 y G3. Esto incluye frenar la escrituración, la inscripción registral, la entrega de posesión y la ejecución del proyecto comercial de la firma ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad controlada por capital extranjero.
Los demandantes advirtieron que la medida tiene un carácter estrictamente conservatorio. Buscan evitar que la transferencia se consume y deje sin efecto la tutela judicial en un sector de incalculable valor ambiental y geopolítico.
Los argumentos de fondo
En el núcleo de la presentación, los diputados y el CEJUS sostienen que el Decreto Provincial N° 915/2026 está viciado de nulidad absoluta. Señalan una serie de irregularidades en el proceso administrativo: modificación sucesiva de los adquirentes e inmuebles, falta de motivación adecuada para dispensar al inversor de restricciones generales, ausencia de la "Previa Conformidad" que exige el régimen federal de zonas de seguridad y omisión de la intervención de la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia.
La demanda también remarca que la fracción de origen se encuentra en las inmediaciones del lago Rico y el glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Bajo la vigencia de la Ley N° 26.737, regía una prohibición expresa de titularidad o posesión extranjera sobre inmuebles ribereños de cuerpos de agua permanentes y de envergadura. Según los amparistas, esa restricción de orden público federal fue soslayada al autorizarse la cesión a capitales extranjeros.
El Juzgado Federal de Río Gallegos tiene antecedentes recientes en causas vinculadas a la defensa de los glaciares y los recursos naturales de la provincia. Ahora, la expectativa está puesta en si la cautelar avanza o no.
