Los persiguieron, los interceptaron y les dispararon: el dato que complicó a los condenados
Les dispararon en el abdomen y un brazo, pero el dato que los hundió no fue el testimonio: el registro de armas los dejó al descubierto. Enterate cómo los atraparon.
Dos hombres fueron condenados por un violento episodio ocurrido en plena vía pública de la ciudad de Orán, donde persiguieron, amenazaron y dispararon contra un hombre que circulaba en su camioneta.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio contra Facundo Carlos Joaquín Donat e Iván Maximiliano Segovia, acusados como coautores de los delitos de lesiones graves, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas en concurso real.
En el veredicto, el juez Raúl Fernando López hizo lugar al pedido realizado por la fiscal durante los alegatos y condenó a ambos como coautores de los delitos de lesiones graves y portación ilegítima de arma de fuego a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
Además, deberán cumplir reglas de conducta durante el mismo período, entre ellas, la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia contra la víctima.
En cuanto al delito de amenazas, ambos fueron sobreseídos por prescripción.
Qué pasó aquel día
El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2022, cuando Donat y Segovia habrían perseguido a un hombre hasta interceptarlo mientras circulaba en su camioneta por inmediaciones del pasaje Leandro Alem, en la ciudad de Orán.
Según se estableció durante el juicio, los acusados le cruzaron el paso con otro vehículo, descendieron y, tras amenazarlo, le dispararon con un arma de fuego. La víctima recibió impactos en el abdomen y en uno de sus antebrazos.
La condena que pidió la querella
Durante el debate, la víctima estuvo representada por un abogado particular en calidad de querellante, quien había solicitado una condena de 5 años de prisión efectiva para ambos acusados, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones sufridas y las secuelas permanentes que le provocaron.
Para sostener la acusación, la Fiscalía incorporó declaraciones testimoniales, informes médicos, la historia clínica de la víctima, documentación fotográfica y un informe del RENAR.
De este último informe surgió que ninguno de los dos acusados estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.
