Los peritos del MPF destrozaron el informe de Gendarmería: qué encontraron en los audios de Spagnuolo

Cinco especialistas del Ministerio Público Fiscal (MPF) salieron a responderle con dureza al peritaje que la Gendarmería Nacional hizo sobre las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS. Para la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a diferencia de la fuerza de seguridad, sí es posible determinar que esas voces son auténticas.

El trabajo de la GNA había sido pedido por el juez Ariel Lijo y había concluido que no se podía establecer la autenticidad de los audios donde se escucha al amigo íntimo del presidente Javier Milei describir un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que él mismo comandaba. Las objeciones del MPF se conocieron este jueves.

El trasfondo es de peso: en torno a esos audios se juega la estrategia del gobierno para intentar derribar una causa que ya acumula 44 procesamientos, con 85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras investigadas, y 39 indagatorias en curso. Este viernes, además, está citado a declarar Diego Viner, director de Compras de la droguería Suizo Argentina.

La comparación de voces que nunca se hizo

El primer eje de la embestida de la DATIP es el más técnico y, a la vez, el más elocuente. Los peritos oficiales de Gendarmería se negaron a cotejar la voz de los audios con la de Spagnuolo con el argumento de que el software Forensia v2.0 tenía limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios.

Sin embargo, el propio peritaje reconoció que 15 archivos tenían calidad suficiente para hacer esa comparación, según el Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces del Ministerio de Seguridad (Resolución 526/2024). “En cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una comparación forense con una muestra de voz indubitada”, sostuvieron los expertos del MPF.

La DATIP fue más al detalle: el protocolo prevé tres tipos de análisis —perceptual auditivo, semiautomático y automático— y exige aplicar al menos dos. “Si el programa que iba a utilizarse (Forensia v2.0) no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos”, explicaron. Las limitaciones del software, agregaron, tampoco alcanzaban para descartar otras técnicas reconocidas.

Y sumaron una contradicción que calificaron de grosera: el 2 de septiembre los peritos oficiales habían considerado apto uno de los archivos e incluso se gestionó la convocatoria de Spagnuolo para obtener muestras de su voz. Cuando la Justicia lo citó, el propio Spagnuolo —que había pedido el peritaje— cambió de estrategia y solicitó que el estudio no se hiciera. “Dos semanas después los mismos peritos oficiales concluyeron que el cotejo no resultaba técnicamente procedente a pesar de mantener la aptitud”, remarcaron.

¿Voz humana o fabricada con inteligencia artificial?

La defensa de Spagnuolo sostuvo que las voces podían haber sido creadas con IA. Los peritos de Gendarmería dijeron que no podían descartarlo. Para la DATIP, esa conclusión no se condice con lo que el propio informe encontró.

El análisis detectó “numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea, tales como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles”. A eso se suma que “los gráficos de la señal no mostraron anomalías manifiestas y que no se identificó ningún indicio concreto de manipulación artificial”.

En otro pasaje resaltaron “que se identificaron características compatibles con una producción vocal natural y no se documentaron anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis realizados”. También objetaron que el peritaje citara trabajos científicos “para justificar los límites del oído humano pero no aplicó los procedimientos de medición que esos mismos trabajos recomiendan”. Y marcaron que la falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense de Gendarmería “es una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general”.

Cortes, ediciones y la cadena de custodia del pendrive

Otro de los cuestionamientos apunta a que el informe detectó señales compatibles con cortes o ediciones, pero no analizó el contenido de los tramos que no presentaban cortes. Para la DATIP, ese análisis habría permitido distinguir si la edición consistió en seleccionar fragmentos, en quitar las intervenciones de otras personas o en unir pasajes para cambiar el sentido de lo dicho. No es lo mismo: unas ediciones alteran el sentido de lo que se escucha y otras no.

El último punto es la cadena de custodia. Los peritos del MPF consideraron un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento. “El resguardo puede seguirse desde que el pendrive fue entregado en la Fiscalía Federal Nro. 5, donde se labró el formulario de cadena de custodia firmado por los funcionarios intervinientes, y no se encontraron rastros de manipulaciones posteriores a ese momento”, señalaron. Conclusión: no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba.

Una disputa con impacto directo en la causa

Los cinco peritos de la DATIP que intervinieron en el peritaje dejaron asentada su disconformidad con la forma en que se cerró el dictamen oficial. Señalaron que no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones y que debieron manifestarlas en un anexo separado, lo que a su entender desnaturalizó el debate pericial.

El origen de todo esto es la pelea de Spagnuolo —exabogado del Presidente y visitante habitual de la Quinta de Olivos— por la nulidad de la causa. Su planteo es que la pesquisa se inició con una operación ilegal: la supuesta adulteración de los audios. En esas grabaciones se lo escucha describir el sistema de corrupción en la agencia bajo su mando y mencionar a Karina Milei como destinataria final de al menos un 3% de las coimas que, presuntamente, circulaban por el organismo.

Para el fiscal Franco Picardi y para el primer juez del caso, Sebastián Casanello, el peritaje era innecesario porque los audios —filtrados por Carnaval Stream— nunca fueron tomados como prueba. El grueso del material probatorio surge de decenas de allanamientos y del análisis de celulares y documentos secuestrados a los acusados.

Tras reemplazar a Casanello, Lijo hizo lugar al planteo de Spagnuolo y ordenó el estudio. Y dispuso que lo realizara la Gendarmería, una fuerza que depende del gobierno investigado, bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva. Con las objeciones del MPF sobre la mesa, el trabajo de la fuerza de seguridad quedó seriamente cuestionado y su uso en la causa promete un debate intenso.