Los penalistas que alertaron a Pullaro: qué artículo de la reforma los hizo saltar

La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario llevó sus reparos a la Legislatura y puso el grito en el cielo por el paquete de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. Lo hizo durante la ronda de consultas que las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe abrieron este miércoles.

La entidad advirtió que varios artículos del proyecto podrían avanzar sobre garantías constitucionales y ampliar de manera excesiva las atribuciones de la Policía y de los fiscales. El texto se llama «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública» y modifica un conjunto de leyes provinciales.

El objetivo declarado del Ejecutivo es acelerar la respuesta estatal frente al crimen organizado y equipar con más recursos a las fuerzas de seguridad, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a las autoridades penitenciarias. Los penalistas, en cambio, leen otra cosa: sostienen que el proyecto corre el control judicial hacia atrás, a una instancia posterior a los hechos.

El allanamiento sin orden previa, el punto más caliente

Uno de los focos de mayor tensión es la posibilidad de que la Policía ingrese a un domicilio sin autorización previa de un juez. La propuesta habilita esa entrada cuando se hallen armas ilegales o explosivos en la vía pública, y deja la revisión del procedimiento para después.

El oficialismo defiende la herramienta con un argumento práctico: si se esperan los tiempos de tramitación, las pruebas pueden desaparecer. Los penalistas responden que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental y que, salvo las excepciones extremas ya previstas por la ley, exige la firma previa de un magistrado.

Interrogatorios sin defensor y más poder para los fiscales

Otro artículo habilita interrogatorios policiales sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Para el gobierno, se trata de recabar información clave en los primeros minutos de una investigación sin afectar la libertad del imputado a negarse a declarar. Las voces críticas advierten que esa flexibilización pone en riesgo la voluntariedad de los testimonios y el derecho de defensa.

En materia de fiscales, la reforma faculta al MPA a disponer medidas coercitivas que no impliquen privación de la libertad —restricciones de circulación, mecanismos de vigilancia o cauciones— sin autorización judicial previa.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, advirtió que este esquema reduce al juez a un rol meramente posterior sobre decisiones que ya produjeron sus efectos.

Qué más incluye el paquete

El texto incorpora el juicio en rebeldía para imputados notificados que no se presenten a la Justicia, la creación de un procedimiento por decreto penal para contravenciones menores, cambios en el sistema de inteligencia y excepciones a las reglas que excluyen pruebas obtenidas de manera irregular.

Las objeciones no vienen solo de los abogados particulares. En jornadas previas, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y representantes de la defensa pública plantearon reparos similares por la delegación de atribuciones estrictamente judiciales.

El oficialismo, en tanto, insiste en que el proyecto es compatible con la Constitución y apunta a modernizar la capacidad operativa del Estado. El diputado Martín Rosúa, uno de los referentes en la defensa de la iniciativa, rechazó que se pretenda otorgar poderes irrestrictos a las fuerzas de seguridad.

El texto todavía puede cambiar antes de llegar al recinto. La bancada oficialista busca consolidar los acuerdos internos dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y someter el proyecto a votación en la Cámara de Diputados en la sesión prevista para el próximo 29 de octubre.