Los colegios privados no quieren que el Estado les diga cómo guardar los celulares

La ley que prohíbe los celulares en las aulas de secundaria de la provincia de Buenos Aires ya tiene la aprobación del Senado bonaerense, pero su puesta en marcha sigue envuelta en interrogantes. Mientras el texto espera su publicación en el Boletín Oficial para ser reglamentado, los colegios privados de todo el país reclamaron este miércoles autonomía para decidir cómo aplicar la norma dentro de cada institución.

El pedido lo hizo la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa), que nuclea a más de 5000 colegios. La entidad le pidió al gobierno provincial que fije mecanismos para que cada establecimiento conserve la potestad de "decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico".

El respaldo legal, la clave del reclamo

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó los motivos del planteo: "El aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional".

La preocupación de las instituciones no es menor. La retención de un celular en plena clase puede derivar en tensiones con las familias, y sin un marco normativo claro los directivos quedan expuestos. "Medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias. Por eso, cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos", advirtieron desde Aiepa en un comunicado.

La norma bonaerense, que toma como referencia la ley 15.534 que ya regula el uso del celular en el nivel primario y la extiende a la secundaria, establece que el teléfono debe guardarse durante la jornada escolar. El texto aclara que el "uso responsable" implica no utilizarlo en clase, salvo excepciones pedagógicas en las que sea el propio docente quien lo solicite. No se trata de una prohibición absoluta del aparato dentro del edificio, sino de una regla de uso que el profesor puede levantar para una actividad concreta. La ley también prohíbe terminantemente su utilización durante el proceso de enseñanza, excepto si el docente considera que suma al aprendizaje.

Una aplicación despareja y el fantasma de las deepfakes

La experiencia en el nivel primario sirve como antecedente inmediato. Ya en diciembre último, la Legislatura bonaerense había establecido normas para restringir el uso de dispositivos en las escuelas primarias, tanto estatales como privadas. Sin embargo, la aplicación fue dispar porque no se determinaron mecanismos de control. Muchas instituciones, incluso antes de que existiera una ley provincial, ya habían avanzado por voluntad propia con la prohibición de celulares en horario escolar e implementaron sistemas como lockers para guardarlos al ingresar al aula. Pero sin aval legal, cada colegio definía cómo hacerlo y el control, estricto al principio, se fue relajando con los meses.

A esa realidad se sumaron dos fenómenos que encendieron las alarmas: el crecimiento de las apuestas deportivas entre menores de edad y el aumento de casos de deepfakes, imágenes de estudiantes alteradas con inteligencia artificial y publicadas en sitios de pornografía. Esta semana, un episodio de ese tipo ocurrió en el Colegio Modelo de Lomas. Padres e instituciones avalan la regulación del uso de celulares en el horario escolar, aunque advierten que la medida no alcanza para reducir el tiempo en pantalla ni el impacto en la salud mental de los adolescentes, y tampoco evita situaciones como las que plantean las deepfakes.

El debate que excede al aula

Zurita puso el foco en el rol de las familias. "Las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental", apuntó. Y fue más allá: "Creemos que, como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela".

La ley aún no tiene fecha cierta de entrada en vigencia. Todo indica que comenzará a regir el año que viene, pero dependerá de su publicación en el Boletín Oficial y de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo bonaerense. Ese paso definirá la autoridad de aplicación y los protocolos concretos que deberán seguir los colegios: dónde se guardan los teléfonos, quién los custodia y qué consecuencias hay para quienes incumplan la norma.