Los colectivos de Salta ya salen menos: el motivo que las empresas no quieren que sepas

Las empresas que manejan el transporte metropolitano de Salta confirmaron que la crisis ya golpea el servicio: hay menos unidades y frecuencias. En una solicitada publicada ayer, advirtieron que todo puede empeorar si SAETA no regulariza los pagos que se acumulan desde julio.

El texto lleva la firma de Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL. Las compañías les pidieron disculpas a los usuarios afectados por los recortes y apuntaron directamente contra la conducción de SAETA por el "progresivo deterioro" del sistema.

"Las dificultades financieras que hoy afectan al sistema son consecuencia directa de decisiones adoptadas por la dirección de SAETA", señalaron. Aseguraron que tienen la flota, el personal y los recursos para dar un servicio de mayor calidad, pero que los atrasos les condicionan la operación diaria.

Incumplimientos que se acumulan

Las empresas sostienen que SAETA no les paga los servicios prestados desde julio. Según expusieron, la falta de recursos ya afecta la compra de combustible y otras obligaciones indispensables para mantener los colectivos en la calle.

La solicitada no dice cuántas unidades se retiraron ni en qué corredores se redujeron las frecuencias. Tampoco especifica el monto total de los certificados adeudados. Pero deja algo en claro: el conflicto económico dejó de ser una discusión contractual y ya tiene consecuencias para los pasajeros.

Este medio consultó a SAETA para conocer su posición sobre el nuevo planteo, el alcance de las deudas denunciadas y la reducción del servicio. Desde el organismo indicaron que durante la jornada de hoy brindarían información oficial.

Una crisis que viene de lejos

La advertencia es otro capítulo de un conflicto que estalló a comienzos de septiembre. El día 1, las empresas presentaron una nota en la mesa de entrada de SAETA para informar que solo tenían combustible para seis días de servicio.

En esa presentación hablaron de un punto de "extrema complejidad" por la falta de pagos en tiempo y forma, y pidieron la cancelación de los certificados adeudados. Dos días después, SAETA intimó formalmente a las operadoras a garantizar la continuidad y regularidad del transporte. Les recordó que los contratos seguían vigentes y les exigió evitar suspensiones, reducciones o alteraciones unilaterales que perjudicaran a los usuarios.

Al mismo tiempo, el organismo reconoció un déficit operativo y confirmó que gestionaba ante el Gobierno provincial una asistencia financiera extraordinaria.

SAETA sostuvo entonces que seguía haciendo pagos semanales de acuerdo con los fondos disponibles. Las empresas mantuvieron el servicio y no se produjo la paralización total que se había anunciado como posibilidad. Sin embargo, casi tres semanas después, las prestatarias aseguran que el problema no se resolvió y que ya hubo recortes.

El reclamo al gobernador

Las compañías exigieron el "estricto cumplimiento" de los contratos y seguridad jurídica para las empresas que invirtieron en el transporte público. También pidieron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una "solución urgente y definitiva" que garantice la continuidad del sistema.

"El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida", expresaron.

Las prestatarias afirmaron que mantienen la voluntad de seguir operando, aunque alertaron que, si persisten las condiciones actuales, podrían quedar imposibilitadas de cumplir sus obligaciones económicas y sostener el servicio con normalidad.

El sistema metropolitano arrastra dificultades desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior, a fines de 2023. A esa pérdida de recursos se sumaron el aumento de los costos del combustible, los salarios y los repuestos, además de una caída en la cantidad de pasajes vendidos.

La controversia se concentra ahora en dos puntos: cuánto dinero adeuda SAETA a las empresas y qué medidas adoptará la Provincia para evitar que la reducción de unidades y frecuencias se profundice. La respuesta anunciada por el organismo será clave para determinar si hay una salida inmediata o si el conflicto seguirá afectando a los usuarios.