Los bicicleteros del Plan TuBi salieron al cruce: "Si tiene una sola prueba, vaya a la Justicia"

El senador Abdala los acusó de sobreprecios en el Plan TuBi. Los bicicleteros respondieron con una carta abierta y un desafío directo: que muestre una sola prueba o pida disculpas. La pulseada está servida.

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Los bicicleteros del Plan TuBi salieron al cruce: "Si tiene una sola prueba, vaya a la Justicia"
Los bicicleteros del Plan TuBi salieron al cruce: "Si tiene una sola prueba, vaya a la Justicia"

Los proveedores del Plan TuBi de San Luis rechazaron las acusaciones de sobreprecios y vínculos irregulares con el Gobierno provincial. Lo hicieron a través de una carta abierta dirigida al senador Bartolomé Abdala y de las declaraciones de comerciantes que forman parte del programa.

Mario Ubaldo Alaniz, dueño de la bicicletería Rodados J.A.A. de San Francisco del Monte de Oro, afirmó que el Estado fija el precio que reciben los proveedores y sostuvo que el monto es inferior al que mencionaron las críticas.

“El precio le pone el Estado. Aceptamos si estamos de acuerdo”, explicó Alaniz. Luego precisó que el contrato establece un pago de $400.000 por bicicleta.

El comerciante cuestionó las comparaciones con unidades más económicas y sostuvo que las bicicletas del programa deben cumplir con requisitos específicos de calidad y durabilidad.

Los componentes que explican el costo de las bicicletas

Alaniz detalló que el armado requiere piezas que no siempre se consiguen en San Luis. Entre ellas, mencionó los cuadros con anclajes para frenos a disco, las horquillas con bloqueo y los cambios de la marca Shimano.

“Una bicicleta de esas condiciones no se consigue por $300.000”, afirmó.

Como referencia, indicó que una horquilla con bloqueo cuesta alrededor de $60.000, mientras que el juego de manijas de cambio Shimano que utiliza tiene un valor de $62.000.

Sobre la procedencia de los materiales, señaló que compra cuadros en Buenos Aires porque, de acuerdo con su experiencia, no encuentra fabricantes locales que produzcan los modelos requeridos.

Otros componentes, como cubiertas y cámaras, llegan de mayoristas de distintas provincias. En cambio, accesorios como luces, cascos y portatermos se adquieren en comercios de San Luis.

El Plan TuBi y los puestos de trabajo en el interior

El proveedor también defendió el impacto del programa en la actividad comercial y laboral. Relató que durante las entregas del año pasado contrató a seis trabajadores de San Francisco del Monte de Oro, quienes participaron en el armado, el traslado y la entrega de las bicicletas.

Alaniz contó que compró los cuadros, encargó trabajos de pintura en Luján y realizó las calcomanías con trabajadores de Quines. Después organizó el ensamblado con el equipo contratado en San Francisco.

En cuanto a la producción, agregó que este año completó un primer cupo de 150 bicicletas y luego recibió otro de 82 unidades.

El comerciante dijo que los cupos adicionales se distribuyen entre los proveedores que permanecen en el programa cuando otros no pueden completar sus entregas.

La carta abierta contra las acusaciones de sobreprecios

Las declaraciones de Alaniz se sumaron a una carta abierta firmada por comerciantes de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Quines, San Francisco del Monte de Oro, Merlo, Juana Koslay y El Volcán, entre otras localidades.

En el documento, los proveedores rechazaron las acusaciones y defendieron su participación en el Plan TuBi.

“No somos ‘un puñado que hace negocios con el Gobierno’”, expresaron.

Los firmantes sostuvieron que se inscribieron en una convocatoria abierta y cumplieron con los requisitos establecidos por el Estado. También afirmaron que las bicicletas se arman en sus talleres y que las entregas se realizan en actos públicos.

Los comerciantes cuestionaron que se los vincule con una presunta red de sobreprecios y reclamaron al senador que rectifique sus declaraciones si no cuenta con pruebas de irregularidades.

“Si tiene una sola prueba de alguna irregularidad cometida por cualquiera de nosotros, deje de pasearse por las redes sociales y acuda a la Justicia. Si no la tiene, pida disculpas”, concluyeron en la carta, con fecha del 26 de octubre de 2026.

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