Los abogados cordobeses lanzan ultimátum: "La sociedad no puede ser rehén" del conflicto judicial

Este miércoles arranca un nuevo paro de 60 horas en la Justicia cordobesa y los once colegios de abogados de la provincia salieron a pedir una solución urgente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Ejecutivo provincial. La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Itatí Demarchi, fue la voz cantante: "La sociedad no puede ser rehén del conflicto. El sistema de Justicia no es cualquier servicio: es un servicio esencial para toda la ciudadanía".

El reclamo se da en la antesala de una nueva medida de fuerza de los trabajadores judiciales, que ya fracasaron en una conciliación voluntaria. Los letrados exigen un acuerdo "definitivo y urgente" que ponga fin a la parálisis que afecta a los tribunales.

¿Qué dice la abogacía?

Demarchi explicó que hablaron con ambas partes: "Uno de ellos pretende una mejora remuneratoria que aparece como compleja". Y remarcó que los abogados son la cara visible ante la ciudadanía: "Somos quienes debemos dar explicaciones. Hemos sido muy pacientes, incluso ofrecimos mediar, pero esto no puede continuar más".

La dirigente advirtió que la prolongación de las medidas de fuerza profundiza la crisis de confianza en el Poder Judicial. "La credibilidad de la Justicia, que ya atraviesa un momento de mucho conflicto, con esta situación se profundiza aún más", sostuvo.

El conflicto salarial de fondo

Si bien reconoció que el eje del reclamo es salarial y que los empleados judiciales denuncian una situación remunerativa perjudicial, Demarchi insistió en que las diferencias deben resolverse sin afectar el acceso de la población al servicio de Justicia. "La gente nos elige para representarla y hoy la gente es la rehén. Quienes administran el servicio de Justicia deben encontrar una solución. Nadie recurre a la Justicia porque quiere, sino porque es el último recurso para defender sus derechos", señaló.

Finalmente, reiteró el pedido conjunto de los once colegios de abogados de Córdoba para que el TSJ y el Gobierno provincial alcancen un acuerdo que permita normalizar el funcionamiento de los tribunales y poner fin a un conflicto que ya lleva bastante tiempo.