Lo torturaron con un teléfono de campaña en Ucrania y ahora quiere que la Justicia argentina lo escuche

Kostiantyn Chebaevskyi marcaba la salida de su turno en la central nuclear de Zaporiyia el 6 de agosto de 2022. La planta más grande de Europa estaba tomada por las fuerzas rusas. Lo apartaron del control, lo llevaron a una comisaría y, según su denuncia, lo interrogaron y lo torturaron con descargas eléctricas. Cuatro años después, el hombre busca que esos hechos sean investigados por la Justicia argentina.

Su testimonio integra un informe de The Reckoning Project que TN presenta como anticipo exclusivo. El trabajo documenta detenciones y torturas denunciadas en los territorios ocupados de Ucrania. También reconstruye el caso de Viktoriia Roshchyna, la periodista que viajó a esa región para retratar la vida bajo control ruso y murió en cautiverio.

The Reckoning Project es una organización internacional sin fines de lucro que reúne a periodistas, investigadores y abogados para documentar crímenes de guerra y reunir evidencia utilizable ante tribunales. La fundaron la corresponsal de guerra Janine di Giovanni y el experto en desinformación Peter Pomerantsev, como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El informe será mencionado en la próxima edición de TN Internacional, con Carolina Amoroso.

Chebaevskyi sobrevivió y logró salir de la ciudad. En abril de 2024 viajó a Buenos Aires para presentar una denuncia junto con la organización. Al principio mantuvo su identidad en reserva; ahora decidió hacerla pública y volver a reclamar que se investigue lo ocurrido.

Un teléfono militar convertido en instrumento de tortura

Tras la toma de la central, los trabajadores ucranianos siguieron yendo a sus puestos. Eran los especialistas que conocían las instalaciones y debían mantenerlas en condiciones de seguridad. Para Chebaevskyi, esa rutina terminó con su detención.

Según su relato, durante los interrogatorios le conectaron cables al dedo meñique y a una oreja. Usaban un teléfono militar de campaña que producía descargas al girar una manivela. Querían que dijera para quién transmitía información.

“Los chicos de allí me habían contado que aplicaban descargas eléctricas utilizando un teléfono militar de campaña, al que llaman ‘tapik’”, contó en el informe. Él también fue sometido a ese procedimiento: “Empezaron a hacerme la misma pregunta una y otra vez. Entonces comenzaron a girar una manivela de ese ‘tapik’ y, en ese momento, se generó una descarga eléctrica”.

El exempleado también relató que uno de sus captores intentó estrangularlo con un cable y lo golpeó en la espalda. Después lo llevaron a una celda que compartía con otros detenidos.

“Probablemente, éramos unos 12 allí. Todos estábamos en aquella celda sofocante y en penumbra”, recordó.

La denuncia no se limita a quienes habrían ejecutado las torturas: también pide investigar a las personas que las facilitaron. Los testimonios reunidos por The Reckoning Project buscan aportar pruebas para identificar responsabilidades.

Chebaevskyi recuperó la libertad el 23 de agosto de 2022. Poco después dejó Enerhodar, la ciudad donde está la central, y llegó a una zona bajo control ucraniano. Otros trabajadores no pudieron hacerlo.

Por qué acudió a los tribunales argentinos

La presentación en Buenos Aires se apoyó en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar determinados crímenes internacionales cometidos fuera del país, aunque las víctimas y los acusados no sean argentinos.

Durante su viaje, Chebaevskyi conoció a sobrevivientes de la última dictadura militar argentina. Ese encuentro también forma parte del informe y de su reflexión sobre la búsqueda de justicia.

“Vi que la Argentina tiene cierta capacidad para abordar casos como este. Si tenemos en cuenta su historia, todavía hay personas que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos”, sostuvo.

Sin embargo, el expediente fue archivado. Los abogados de los denunciantes reconstruyeron que uno de los argumentos fue que los hechos podían estar comprendidos en las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). La Cámara Federal confirmó esa decisión en noviembre de 2025.

El nuevo pedido se apoya en una comunicación posterior de la CPI que, de acuerdo con los querellantes, aclaró que este caso concreto no integra los hechos que investiga. El 16 de octubre solicitaron el desarchivo y la admisión como querellantes tanto de la organización como de la víctima.

Ese planteo no equivale a la reapertura de la causa: es el pedido que los tribunales deben resolver. La pretensión de Chebaevskyi es que su denuncia no quede sin investigación.

“¿Por qué quiero seguir adelante? Muchos trabajadores siguen en cautiverio. Además, los problemas de la central nuclear están recibiendo cada vez menos atención”, explicó.

La periodista que no volvió de los territorios ocupados

La otra historia que recorre el informe es la de Viktoriia Roshchyna. En agosto de 2023 desapareció mientras realizaba una cobertura en territorios ucranianos ocupados por Rusia. Tenía 26 años y ya había informado desde esas zonas, a pesar de los riesgos.

Murió bajo custodia rusa en septiembre de 2024, a los 27 años. Sus restos fueron devueltos a Ucrania en febrero de 2025 y su identidad fue confirmada a través de estudios de ADN. Las autoridades ucranianas informaron que el cuerpo presentaba lesiones y signos de tortura.

TN había publicado los resultados de una investigación internacional que reconstruyó parte de su cautiverio y advirtió sobre la falta de órganos en los restos restituidos. En ese momento, los expertos no habían podido determinar la causa de muerte.

El informe de The Reckoning Project reúne testimonios sobre los maltratos que sufrió y muestra el duelo de su madre. Su historia expone también la dificultad de conocer qué ocurre dentro de los centros de detención y de reconstruir el destino de quienes desaparecen en ellos.

La organización trabaja para convertir esos relatos en evidencia que pueda ser presentada ante tribunales. En la Argentina, la búsqueda de Chebaevskyi sigue pendiente de una decisión judicial. Mientras tanto, Rusia niega haber cometido crímenes de guerra en Ucrania, pese a los testimonios y las investigaciones que documentan torturas y otros abusos durante la invasión ordenada por Vladimir Putin.