Lo sacaron entre insultos y ahora lo cuida la misma tropa que lo protegía
Tres camionetas, insultos y objetos arrojados: así salió el expresidente de su casa rumbo al regimiento que lo protegía en el poder. Lo que encontró adentro y el penal que la calle reclama.
Poco antes de la medianoche del viernes, Santiago Peña cruzó el portón del Regimiento Escolta Presidencial (REP). Ya no entraba como comandante en jefe, sino como detenido. Horas antes, después de que el Senado votara su destitución, los fiscales le habían notificado la orden de arresto en su casa y lo habían dejado allí, bajo custodia policial. El arreglo no duró.
Frente a la vivienda se concentró una multitud que reclamaba para él una celda común. Con el cerco desbordado, tres camionetas se lo llevaron entre insultos y objetos arrojados rumbo al regimiento.
La primera paradoja de esta historia es que las horas más gloriosas y las más oscuras de la vida de Peña las pasó con los mismos uniformados que hoy tienen la orden inversa: los hombres que le cuidaban las espaldas ahora deben impedir que se escape.
Qué es el REP y por qué terminó alojando a un civil
El Regimiento Escolta Presidencial depende del Ejército, funciona en Asunción y existe para una sola tarea: proteger al presidente y a su entorno. Durante tres años ese presidente fue Peña, que puso en funciones a uno de sus comandantes y encabezó los festejos de aniversario de la unidad.
La mudanza se justificó por razones de seguridad, pero dejó huecos legales. Nadie aclaró todavía con qué figura un civil detenido queda alojado en una instalación militar ni quién firmó el cambio de lugar.
El predio ocupa unas dos manzanas en un barrio residencial, rodeado de otras reparticiones del Ejército, y tiene tres portones de acceso. Cuando el juez dictó la prisión preventiva en horas de la tarde, no había nadie en ninguno de ellos.
La construcción es típicamente militar, con casas y cuarteles en el interior de una planta. En una esquina muy transitada, donde se cruzan dos avenidas, se levanta el Club de Oficiales, un edificio de dos plantas frecuentado por los cargos más altos de la fuerza. Según un conocedor del lugar, allí se hospedaría Peña: en el segundo piso hay varios cuartos que suelen alojar a los jefes del Ejército.
El antecedente de González Macchi
No es la primera vez que ese cuartel aloja a un exmandatario. En diciembre de 2006 entró por el mismo portón Luis Ángel González Macchi, que había gobernado entre 1999 y 2003, recién condenado a ocho años por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El caso giraba en torno a la concesión de la quiniela y a una cuenta en Suiza, y los jueces temían que huyera. Pasó 25 días entre esas paredes hasta que pagó una caución y volvió a su casa. En mayo de 2007, la Cámara anuló la condena y lo sobreseyó.
Desde entonces ningún expresidente había vuelto a quedar privado de libertad. La diferencia entre ambos casos es de etapa procesal: González Macchi llegó con una sentencia de primera instancia; Peña, con una orden de detención preventiva.
La calle pide Tacumbú, la cárcel que Peña intervino
Lo que se reclama en la calle es otra dirección: Tacumbú. Durante décadas ese nombre resumió la decadencia carcelaria paraguaya. El edificio, previsto para unos 1500 presos, llegó a albergar cerca de 4500, y un pabellón entero respondía al clan Rotela, la organización que desde adentro manejaba la venta de droga al menudeo y que en octubre de 2023 quemó y tomó parte del penal.
Este sábado por la tarde, en la puerta del penal construida a nuevo, un guardia informó: “Era el momento de las visitas privadas”. Unas diez personas hacían fila, todas con una bolsa de comida, una torta o alguna bebida. Quienes ingresaban tenían autorización para quedarse hasta las seis de la mañana siguiente. Detrás de los muros de unos siete metros, el edificio sigue guardando historias de decadencia y muerte.
Recuperar Tacumbú fue la gran bandera de seguridad de Peña. El 18 de diciembre de 2023, más de 2000 policías y militares iniciaron la Operación Veneratio. En las celdas aparecieron explosivos y fusiles; el enfrentamiento dejó una docena de internos muertos y, fuera de los muros, se cobró la vida del suboficial Martín Mendoza, del grupo de comandos Lince.
Más de 700 presos fueron repartidos por el país, y Armando Javier Rotela, que se había refugiado armado en el espacio religioso del penal, terminó aislado en la prisión militar de Viñas Cué. Al cumplirse un año, Peña exhibió el operativo como la prueba de que el Estado había vuelto a mandar.
En mayo de este año el gobierno fue más allá y le quitó hasta el nombre. Tacumbú pasó a llamarse Centro Nacional de Prevenidos, reservado para quienes esperan juicio sin condena. Después de dos traslados masivos, la población quedó en torno a 1100 internos, la más baja de la que haya registro, según el Ministerio de Justicia. Allí están ahora los cuatro exdirectivos varones de Ueno Bank, enviados con prisión preventiva. Las dos exdirectoras esperan en sus casas, con tobillera electrónica.
El círculo que podría cerrarse
El juez de garantías decidió que, por ahora, el REP será el lugar donde se aloje Peña. Si finalmente termina en la cárcel, el círculo se cerraría solo: un imputado sin condena encaja justo en el perfil para el que su propio gobierno rediseñó Tacumbú. Sería la segunda paradoja.
