Lo que pasó en 25 de Mayo y San Ignacio llegó al Senado: el reclamo de Arce con la nueva ley
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Lo que pasó en 25 de Mayo y San Ignacio llegó al Senado: el reclamo de Arce con la nueva ley

El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad y el misionero Carlos Arce fue uno de los que dio el sí. Pero su discurso tuvo un tramo que incomodó: lo que denunciaron los beneficiarios de 25 de Mayo y San Ignacio durante las auditorías.

El Senado convirtió en ley el nuevo régimen para las personas con discapacidad y el misionero Carlos Arce fue uno de los que dio el sí. El proyecto había logrado 237 votos afirmativos en Diputados y este jueves recibió la sanción definitiva. Para el legislador, el texto significa un avance concreto para las personas con discapacidad y sus familias.

Pero su discurso no se quedó en los artículos aprobados. Arce subió al recinto con el recuerdo fresco de lo que ocurrió en dos localidades de la provincia y lo puso sobre la mesa.

Pensiones, aranceles y un adicional para la zona

Uno de los ejes que el senador destacó fue el de las prestaciones básicas: la norma ratifica aranceles uniformes y les suma una actualización automática atada al índice de movilidad jubilatoria, con respaldo presupuestario. A eso se agrega un adicional por zona desfavorable, un punto sensible para una provincia que no tiene los mismos costos ni las mismas distancias que los grandes centros urbanos.

También se mantiene el régimen de empleo protegido, una herramienta que el legislador consideró clave para sostener puestos de trabajo.

En cuanto a las pensiones no contributivas, Arce explicó que la nueva normativa fija requisitos de acceso y contempla los ingresos individuales. Uno de los cambios que más resaltó: tener una vivienda única familiar ya no será un impedimento para cobrar el beneficio. El monto queda establecido en el equivalente al 70% de la jubilación mínima garantizada, con mecanismos presupuestarios para sostener las prestaciones en el tiempo.

Otro punto que valoró es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal dentro de ciertos límites de ingresos. Para Arce, se trata de una herramienta que favorece la inserción laboral sin obligar a las personas a elegir entre trabajar y perder la protección económica.

Salud: continuidad de tratamientos y el mapa federal

En materia sanitaria, el senador sostuvo que la ley garantiza la continuidad de las prestaciones básicas, los tratamientos, la rehabilitación y los apoyos. Y remarcó la necesidad de que Nación y provincias articulen políticas que contemplen las realidades territoriales, la disponibilidad de prestadores y las distancias que muchas personas deben recorrer para acceder a la atención.

El antecedente que Arce no quiso dejar pasar

El tramo más fuerte de su intervención tuvo que ver con las auditorías a las pensiones por discapacidad. El senador recordó lo que denunciaron beneficiarios en 25 de Mayo y San Ignacio: notificaciones enviadas a domicilios inexistentes, personas que nunca recibieron las citaciones y largas esperas bajo altas temperaturas frente a personal que, según describió, no estaba identificado ni contaba con formación profesional.

Frente a ese escenario, Misiones presentó una acción para frenar las bajas y suspensiones de beneficios y reclamar el restablecimiento de los pagos. Arce planteó que los controles deben garantizar transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, pero también respetar los derechos de los beneficiarios, brindar información clara y permitir que cada persona ejerza su defensa.

“Al acompañar esta ley reclamamos que lo sucedido en esta provincia no vuelva a suceder en todo el país”, expresó.

Transparencia y deuda con prestadores

El senador también subrayó la obligación de publicar información periódica sobre el sistema, las prestaciones, las pensiones vigentes y la ejecución presupuestaria. Y mencionó el mecanismo previsto para abordar la deuda con prestadores, con instancias de negociación y plazos para avanzar en su cancelación.

Para cerrar, Arce confirmó el acompañamiento de su bloque a la sanción definitiva. Consideró que la ley es perfectible, pero la definió como un punto de partida para garantizar derechos. Además, reclamó que el organismo de aplicación trabaje junto a las provincias en la toma de decisiones y sostuvo que el objetivo debe ser el respeto, la protección y un trato humano hacia las personas con discapacidad.

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