Lo que hizo la Corte con Pagés en la demanda civil que nadie esperaba

La Corte de Justicia de San Juan dejó firme la salida del juez Roberto Pagés de una demanda civil impulsada por Fiscalía de Estado, que buscaba recuperar 269 mil dólares por expropiaciones irregulares. Mientras tanto, la causa penal sigue congelada a la espera de la revisión de las condenas.

El máximo tribunal provincial, a través de la Sala II, confirmó la desvinculación de Pagés en la acción promovida por el organismo estatal. La demanda pretendía recuperar fondos vinculados a un proceso considerado irregular en la sentencia de la megacausa de las expropiaciones del dique Cuesta del Viento.

¿Por qué la Corte rechazó el planteo?

El tribunal no habilitó la revisión porque Fiscalía de Estado no cumplió con los requisitos formales para demostrar arbitrariedades en instancias anteriores. En su fallo, los magistrados Adriana Tettamanti, Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y Sergio Rodríguez sostuvieron que los jueces no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias, salvo excepciones legales muy específicas.

La sentencia, firmada por Daniel Olivares Yapur, el subrogante Juan Carlos Pérez y la conjueza Olga Pastor, se dictó pocos días antes de la feria judicial. El eje del debate fue el artículo 200 de la Constitución Provincial, que protege a los magistrados y no fue rebatido por Fiscalía de Estado.

La causa penal sigue frenada

En paralelo, el Tribunal de juicio —integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón— condenó a nueve imputados y ordenó investigar a Pagés por la tramitación de expedientes de expropiaciones señalados como fraudulentos. Sin embargo, la pesquisa penal está paralizada por los recursos presentados ante la Corte por las defensas de los condenados.

Fuentes judiciales indicaron que, si la condena es confirmada, podría activarse la investigación contra el hoy camarista civil. En cambio, si la resolución cae o no prospera la vía de nulidad, lo dispuesto quedaría sin efecto. La megacausa, cuya denuncia data de 2010, sigue acumulando demoras y recusaciones por los vínculos entre los involucrados.

En el expediente también aparecen los casos "Luna, Ricardo Benito" y "Esquivel, Margarita", ambos vinculados a expropiaciones para el dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Allí se cuestionó el llamado Plenario Luna, por el que el Tribunal de Tasaciones pasó de valuar terrenos rurales por hectárea a hacerlo por metro cuadrado. En esos procesos, el Estado pagó 1.011.000 y 2.470.000 pesos, más honorarios en dólares.