Lo que escondía el templo de Guaymallén: piden decomisar la casa donde funcionaba una secta

La Justicia Federal pidió decomisar la vivienda de calle Elpidio González donde operaba el Templo Filadelfia en Guaymallén. En el cierre del juicio oral, el fiscal Alberto Gentili solicitó penas de hasta 24 años de prisión para 27 acusados y el decomiso de 48 inmuebles y 16 vehículos en todo el país. Mendoza aparece en esa lista: allí, en diciembre de 2020, fueron rescatadas seis personas, entre ellas dos niños.

¿Qué pasó en el templo de Guaymallén?

El 1 de diciembre de 2020, un operativo conjunto de la Policía Federal y Gendarmería allanó un inmueble en la calle Elpidio González del departamento mendocino. En el lugar vivían hacinadas dos mujeres, un hombre, una niña y dos niños. Según la acusación, eran explotados laboralmente, sometidos a condiciones inhumanas y controlados por la organización liderada por Eva Petrona Pereyra, conocida como “Tía Eva”.

Aquella redada formó parte de una investigación que reveló la existencia del Templo Filadelfia, una supuesta congregación religiosa que operó durante casi cinco décadas, desde 1972 hasta 2020. Con sede central en San Justo, La Matanza, y ramificaciones en siete provincias, el grupo también tenía vínculos con Paraguay y Brasil.

El pedido de decomiso: bienes producto de la explotación

El fiscal Gentili no solo pidió condenas. Solicitó además el decomiso de 48 inmuebles y 16 vehículos ubicados en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro. El argumento es claro: esos bienes fueron utilizados para cometer los delitos o fueron adquiridos gracias al trabajo esclavo de las víctimas. En Mendoza, el templo de Guaymallén es uno de los puntos señalados.

Según la acusación, las víctimas trabajaban sin salario en tres áreas: tareas domésticas, elaboración y venta de productos panificados, y albañilería. Vivían hacinados, con alimentación escasa, sin atención médica y fuera del sistema educativo. Todo eso generó un patrimonio que ahora la Justicia busca recuperar.

“Tía Eva”: la líder que enfrenta 24 años de prisión

Eva Petrona Pereyra, de 82 años, es la principal acusada. Para ella, el fiscal pidió la pena más alta: 24 años de prisión. Deberá responder por asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral, abusos sexuales contra cuatro víctimas (dos menores de edad), supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor, y falsedad ideológica de documento público.

Pereyra se presentaba ante sus seguidores como una profeta, aunque estaba inscripta en la AFIP como panadera. Detrás de esa fachada, según la investigación, construyó una red de captación y sometimiento que operó durante décadas.

Un sistema de control absoluto

Durante su alegato, el fiscal Gentili describió un mecanismo de “control absoluto”. Las víctimas no solo eran explotadas físicamente: también se les impedía elegir su pareja, estudiar, recibir atención médica o decidir sobre su propia vida. Los matrimonios eran digitados por los jerarcas de la organización, y quienes se apartaban de las reglas eran castigados o humillados.

Las denominadas “fiestas del señor” eran utilizadas para justificar abusos sexuales bajo un supuesto ritual religioso. La acusación también detalló humillaciones hacia personas con preferencias homosexuales.

Las penas solicitadas para los 27 acusados

Además de Pereyra, el fiscal pidió 21 años para Rigoberto Ismael Mora Bogado; 18 años para Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Lemos, Norma Valdez, Mónica Gutiérrez, Norma Gutiérrez, Guillermo Alza, María Luisa Alza y Martín Cáceres; 15 años para Ruth Mora Bogado; 14 años para Katherine Alegre Herrera, Carina Torres, Silvia Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza y Claudio Álvarez; 10 años y 9 meses para Osvaldo Gutiérrez; 8 años para Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Aguirre; 6 años y 9 meses para Carlos Matías Barrionuevo; 5 años y 9 meses para Olga Carranza y Liliana Barrionuevo; 5 años para Pablo Carranza y Claudia Acosta; 4 años y 6 meses para Víctor Ayunta; y 3 años y 9 meses para Damaris Sabich. Para Ayunta y Sabich, además, pidió la absolución por los delitos de trata y servidumbre.

¿Qué sigue en la causa?

El juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese. Más de 200 testigos declararon durante las audiencias. Ahora, el tribunal deberá definir las condenas y el destino de los bienes decomisados.

La instrucción estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, con Sebastián Basso al frente, y contó con el apoyo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. El monto de la reparación para las víctimas será fijado sobre la base de un dictamen de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos.