Lo que dijo el Polaco antes de morir dejó a El Montecito en un vacío legal

La muerte de Eduardo "El Polaco" Riemersma no solo dejó un enorme vacío afectivo en Santiago del Estero. También destapó una situación institucional mucho más delicada de lo que se informó en un primer momento sobre El Montecito de los Canichones.

En los días posteriores al fallecimiento del proteccionista, se difundió que la Dra. Florencia Carol, presentada como secretaria de la Asociación Santiagueña El Montecito de los Canichones, asumiría provisoriamente la responsabilidad del refugio y centralizaría la información oficial.

Sin embargo, existe un antecedente público que contradice directamente esa versión. El 10 de noviembre de 2025, el propio Polaco Riemersma comunicó textualmente que "la Dra. Florencia Carol dejó de ser parte de la ONG", debido a que ya no continuaría trabajando con ellos en derecho animal. No se trató de una interpretación de terceros: fue una afirmación pública, concreta y realizada por quien presidía y conducía El Montecito.

Ese documento cambia por completo el escenario. Si Carol había dejado de pertenecer a la organización en 2025, corresponde determinar mediante qué acto, asamblea, resolución o documentación volvió a incorporarse. También debe aclararse si actualmente integra la Comisión Directiva, qué cargo ocupa, si su mandato se encuentra vigente y cuáles son exactamente las facultades que puede ejercer tras la muerte del presidente.

La amistad, la trayectoria compartida y el compromiso con los animales merecen reconocimiento, pero no reemplazan la documentación institucional. Una asociación civil no puede conducirse únicamente mediante declaraciones en redes sociales, especialmente cuando están en juego cuentas bancarias, donaciones, bienes, obligaciones legales y la supervivencia de cientos de animales.

La contadora también marcó sus límites

A esta contradicción se suma la declaración de la contadora Soledad Castelli, una de las personas históricamente vinculadas al refugio. Castelli sostuvo que no posee potestad para asumir las responsabilidades de El Montecito y reconoció que no cuenta con información suficiente sobre los papeles, las cuentas y otros aspectos administrativos de la institución.

La conclusión es tan incómoda como inevitable: por el momento, no está públicamente acreditado quién tiene autoridad legal para tomar las decisiones más importantes.

El problema no consiste en discutir quién quiso más al Polaco ni quién estuvo más cerca de él. Tampoco debe convertirse en una pelea personal entre proteccionistas. La cuestión es mucho más seria: establecer quién representa legalmente a la asociación y quién puede administrar sus recursos, operar sus cuentas, recibir donaciones, contratar servicios, disponer de sus bienes y responder por los animales.

También resulta necesario explicar por qué se difundió como un hecho que Carol era secretaria y asumiría provisoriamente, sin advertir que el propio Riemersma había informado meses antes que ella había dejado de ser parte de la ONG. Algunas publicaciones incluso indicaron que la información oficial sería centralizada a través de sus cuentas personales. Esa contradicción no puede quedar escondida detrás del dolor.

La comunidad que acompañó durante años a El Montecito tiene derecho a conocer el estatuto, la última acta de designación de autoridades, la composición vigente de la Comisión Directiva, la situación de las cuentas, el inventario de bienes y vehículos, y el mecanismo mediante el cual se garantizará la continuidad del refugio.

Hasta que estas cuestiones sean aclaradas documentalmente, ninguna persona debería proclamarse sucesora del Polaco ni asumir una representación que no pueda demostrar. El Montecito no necesita una guerra por el lugar que dejó su fundador. Necesita una transición ordenada, controlada y transparente. Sobre todo, necesita que las autoridades competentes verifiquen la situación jurídica y aseguren que los alimentos, medicamentos, instalaciones y donaciones se destinen exclusivamente a los animales.

El Polaco construyó una obra durante más de veinte años. Honrarlo no significa apropiarse de su legado ni hablar en su nombre. Significa protegerlo con verdad, documentación y transparencia. Porque ahora la pregunta ya no es solamente quién cuidará a los canichones. La pregunta que Santiago del Estero necesita que alguien responda es mucho más concreta: ¿Quién tiene hoy, legalmente, la autoridad para hacerse cargo de El Montecito?