Lo que casi nadie vio en la Legislatura pampeana mientras todos hablaban de Los Nihuiles

Mientras el debate por Los Nihuiles se llevaba toda la atención, la Legislatura de La Pampa avanzó en dos reformas que van a cambiar cosas concretas de la vida cotidiana: la baja de la edad de imputabilidad penal y un intento de terminar con el descanso dominical en el comercio. Dos temas que no tienen nada que ver entre sí, pero que comparten un mismo trasfondo: hasta dónde llega la bajada de línea de Nación y hasta dónde la sociedad pampeana está dispuesta a acompañar.

Imputables desde los 14: la provincia se alinea con la ley nacional

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la adecuación del régimen penal juvenil provincial a la Ley Nacional 27.801, que baja de 16 a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede ser considerado penalmente responsable. La reforma toca tres leyes pampeanas: la 3353 (Procedimiento Penal para Adolescentes), la 2574 (Orgánica del Poder Judicial) y la 2831 (Ente de Políticas Socializadoras). El objetivo es que la provincia tenga la estructura judicial lista cuando la ley nacional entre en vigencia en todo el país este mes.

En concreto, se crean 10 cargos nuevos: 5 defensores y 5 fiscales adjuntos, para atender las causas de chicos de 14 y 15 años que antes quedaban fuera del sistema penal. La Pampa ya contaba desde 2023 con un procedimiento específico para adolescentes; ahora hay que extenderlo a una franja etaria que antes no era imputable.

El debate dividió a los bloques. El diputado justicialista Hernán Pérez Araujo aclaró que la adecuación responde a una ley que “no fue acompañada por el peronismo” en el Congreso, aunque la provincia igual debe aplicarla. Y citó un dato para bajarle el tono al alarmismo: los delitos cometidos por menores representan menos del 3% del total de hechos delictivos del país. Desde la UCR, la diputada Andrea Valderrama cuestionó no la baja de edad en sí, sino el tamaño de la estructura que se crea: “La creación de 10 cargos, debido a los pocos casos estadísticos que tiene la provincia en delito juvenil, nos parece desproporcionada.”

Es un patrón que se repite en otras provincias: la ley baja desde Nación con amplio consenso legislativo a nivel país, pero a nivel local la discusión no es tanto “sí o no” sino cuánto aparato estatal hace falta para algo que, según las propias estadísticas oficiales, es marginal.

Descanso dominical: una ley de 13 años que casi nadie quiere tocar

El otro frente abierto es el proyecto de la diputada del PRO María Laura Trapaglia para derogar la Ley 2717 de Descanso Dominical, que desde hace casi 13 años obliga a los grandes comercios a permanecer cerrados los domingos en La Pampa. Su argumento: la norma “quedó atrás de la realidad comercial” y limita la libertad de comerciantes, trabajadores y consumidores. “¿Por qué una ley debería impedir que un comercio abra un domingo si sus dueños quieren hacerlo?”, planteó.

Lo que más llama la atención es el nivel de rechazo que despertó, y de qué sectores. La Cámara de Comercio de La Pampa, que en teoría sería la beneficiaria natural de más flexibilidad horaria, salió a rechazar el proyecto. Su presidenta, Rosalyn Valenzuela, fue contundente: “Nunca fuimos consultados.” Explicó que la ley protege justamente al comerciante chico, para quien vender un domingo “salva el alquiler del mes”, y que derogarla terminaría beneficiando a las grandes superficies, las mismas que hoy están excluidas de abrir.

Los Centros de Empleados de Comercio de Santa Rosa y General Pico (Rodrigo Genoni y Daniel Lovera) pidieron que se presenten “datos concretos” que justifiquen tocar una ley que lleva casi 13 años vigente, y recordaron que 29 de los 30 diputados la votaron a favor cuando se sancionó. La diputada justicialista y sindicalista Patricia George apuntó al fondo laboral del asunto: “Al trabajador no le preguntan si quiere trabajar un domingo. Si el establecimiento abre y se le exige presentarse, su verdadera opción es cumplir o arriesgar su fuente de trabajo. ¿De qué libertad estamos hablando?”

Lo llamativo es que la Ley 2717 nació de un consenso amplísimo —cámaras empresariales, sindicatos y Estado sentados en la misma mesa hace más de una década— y hoy, frente al intento de derogarla, ese mismo consenso se reactivó casi intacto. El proyecto de Trapaglia logró, en los hechos, unir a la Cámara de Comercio con el gremio de empleados mercantiles: dos partes que normalmente negocian de lados opuestos de la mesa.

El hilo que conecta ambos temas

Ni el régimen penal juvenil ni el descanso dominical tienen relación directa entre sí, pero comparten un mismo clima: son dos casos en los que una agenda de cambio —una bajada desde el Congreso nacional, la otra impulsada por una legisladora provincial del PRO— choca con estructuras locales que, para bien o para mal, ya tenían resuelto el tema a su manera. En ambos casos, quienes salen a defender el statu quo no son necesariamente “el kirchnerismo” o “la grieta” de siempre: son la Cámara de Comercio, los sindicatos mercantiles y hasta diputados de la UCR cuestionando aspectos puntuales antes que la totalidad de las reformas.

Para el lector de a pie, el mensaje es simple: capaz no se enteró de una reforma penal ni de un proyecto de ley con nombre y número, pero sí va a notar si su comercio de barrio puede seguir abriendo el domingo, o si al pibe de 14 años del barrio ahora lo puede juzgar la Justicia penal como a un adulto.