Lo pidieron, lo obtuvieron y ahora van a la Justicia para frenarlo: la paradoja de la reforma laboral
¿Empresarios contra su propia reforma? CAC y CAME preparan una demanda para frenar el decreto 407/26 que ellos mismos ayudaron a impulsar. Los detalles de una jugada que nadie esperaba.
En una jugada que pocos imaginaban, las mismas cámaras empresarias que impulsaron la reforma laboral se preparan para ir a la Justicia y detenerla. A cinco meses de su sanción, el decreto reglamentario 407/26 encendió todas las alarmas en el mundo de los negocios.
El Destape confirmó que al menos dos de las entidades más poderosas del comercio y los servicios —la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME)— coordinan una estrategia judicial para frenar la norma que obliga a renegociar más de 800 convenios colectivos. Juntas representan a más de 4 millones de trabajadores, la mayor fuente de empleo privado del país.
¿Qué hay detrás del malestar empresarial?
En la superficie, la disputa parece técnica: el fin de la ultraactividad —la garantía de que un convenio sigue vigente hasta que se firme uno nuevo— y los límites a las cláusulas obligacionales que financian a sindicatos y patronales. Pero el verdadero temor es otro: el posible desmoronamiento del sistema de paritarias que durante más de 70 años administró el conflicto laboral en la Argentina.
El decreto 407, redactado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, estableció topes del 2% del salario para aportes a gremios y obras sociales, y del 0,5% para entidades patronales. Pero la reglamentación calculó esos límites sobre los sueldos básicos, no sobre los conformados —que suelen ser más altos—, lo que redujo significativamente los fondos disponibles. El decreto aclaratorio 612/26, publicado este lunes, amplió los rubros sobre los que pueden calcularse las contribuciones solidarias, calmando a los sindicatos pero no a los empresarios.
La ambigüedad del texto original, que no se corrigió, permite una renegociación más amplia y la entrada de nuevos actores: cualquier empleador que acredite al menos el 10% de los trabajadores de una actividad podrá reclamar un lugar en la mesa, y se alienta la creación de sindicatos por provincia o incluso por empresa. Para las cámaras tradicionales, esto es una bomba de tiempo.
Un frente inédito: empresarios y sindicatos del mismo lado
La paradoja es que la reforma, impulsada por el propio Javier Milei como un logro que “ni los militares” pudieron aplicar en la última dictadura, terminó uniendo a quienes siempre estuvieron enfrentados. Sindicatos y empresarios comparten el mismo temor: que se quiebre la base económica que sostiene sus estructuras.
“Nadie pedía tanto”, repiten en privado muchos empresarios que incluso financiaron la campaña a favor de la reforma. El efecto dominó ya se proyecta a otros sectores como el metalúrgico, la gastronomía y la hotelería, donde también hay conversaciones para sumarse a la protesta judicial.
Fuentes oficiales confirmaron que, en los últimos días, el ímpetu libertario para renegociar los 800 convenios se redujo a cero. No es solo por los fondos: las cámaras ven en la reglamentación de Sturzenegger un intento de anarquizar las relaciones laborales hasta límites insostenibles. La prevalencia de convenios menores sobre los nacionales, la proliferación de gremios y el permiso para que los trabajadores acepten individualmente empeorar sus condiciones suenan tan tentadores como inquietantes.
Dirigentes empresarios con experiencia recuerdan que, en el pasado, una mayor dispersión en las negociaciones terminó dinamitando el sistema de paritarias y convirtiéndose en un búmeran de conflictividad para los propios empleadores. Ahora, el mismo sector que pidió la reforma se apresta a frenarla en los tribunales.