Lo pararon en la moto, lo llevaron a la comisaría y después llegó el pedido que nadie esperaba
Lo pararon por la moto, lo llevaron a la comisaría y el padre fue a preguntar. Lo que le pidieron ahí adentro, según la denuncia, cambió todo: $800.000 y una amenaza que todavía resuena.
Una denuncia presentada ante la Justicia Federal puso en la mira a un grupo de policías de Lomas de Tafí por un presunto secuestro extorsivo. Según el escrito, la víctima es un joven al que identifican como A.B.R. —su nombre se preserva por seguridad— y el hecho ocurrió un martes, cuando circulaba en su motocicleta por la zona del barrio.
De acuerdo con la presentación, los uniformados lo interceptaron, le pidieron que se identificara y que entregara la documentación del rodado. Después le indicaron que los acompañara hasta una dependencia policial. Hasta ahí, un procedimiento de rutina. Lo que vino después, siempre según la denuncia, cambió todo.
El pedido que encendió las alarmas
Cuando el joven ya estaba demorado, su padre —M.D.R.— se presentó en la base del servicio 911 para averiguar la situación jurídica de su hijo y los motivos de la detención. Fue en ese momento cuando, según el relato de los denunciantes, le exigieron $800.000 para liberarlo.
“La exigencia fue acompañada de una amenaza igualmente concreta: si no entregaba el dinero, le harían una causa sosteniendo que a A.B.R. lo habían descubierto transportando cocaína”, se lee en la denuncia, que se presentó el mismo día del episodio.
Los denunciantes remarcaron la gravedad de la situación: “La circunstancia resulta especialmente alarmante porque la exigencia económica fue efectuada mientras el joven se encontraba bajo custodia policial y, según se nos informó, permanecía todavía privado de su libertad”. Y agregaron que la libertad del joven “habría sido colocada como objeto de una exigencia económica, utilizándose simultáneamente la amenaza de atribuirle la tenencia de sustancia estupefaciente como mecanismo de presión para obtener el pago”.
La calificación legal que evalúan
El abogado que representa a la víctima sostuvo en un escrito que, por la vinculación directa entre “la privación de libertad, la exigencia patrimonial y la amenaza de atribuir falsamente un delito relacionado con estupefacientes”, los hechos “podrían resultar prima facie subsumibles en el delito de secuestro extorsivo, sin perjuicio de la calificación legal definitiva y de la eventual concurrencia de otros delitos”.
El profesional también advirtió sobre los riesgos que persisten: “Existe un riesgo actual, concreto e inmediato tanto para su libertad e integridad personal como para la preservación de la evidencia”. Y puso el foco en un punto clave: “Particular preocupación genera la afirmación relativa a la cocaína, pues cualquier aparición posterior de una sustancia supuestamente hallada en poder del joven debe ser examinada a la luz de que, con anterioridad, su propio padre recibió una exigencia de $800.000 acompañada precisamente de la amenaza de iniciarle una causa bajo la afirmación de que le habían encontrado droga”.
Allanamiento y respuesta de la fuerza
El titular de la fuerza confirmó que, por orden del fiscal Vehils Ruiz, personal de Gendarmería Nacional se presentó en el destacamento policial para realizar un allanamiento. “Fueron a buscar los libros de guardia y de novedades de la comisaría. Pero también les entregamos todos los papeles con los que se documentaron las amenazas de esa persona”, insistió el jefe policial.
Además, defendió su gestión: “Esta es una de las jefaturas que más personal ha desplazado por hechos de corrupción desde que asumimos la conducción de la fuerza. Vamos a mantener esta política y todos aquellos que cometan delitos serán inmediatamente separados”, finalizó Girvau.