Lo echaron de la municipalidad y ahora la Justicia define su futuro por la perra que fracturó

La Municipalidad de Guaymallén decidió desvincular a un empleado acusado de maltratar a su perra, y la causa penal por el hecho ya está en manos de la Justicia. El caso, que explotó en las redes sociales, tiene como protagonista a T.R., quien trabajaba en el Área de Saneamiento Ambiental.

La perrita, bautizada Rufina, fue rescatada con una fractura de cráneo y ahora se recupera en un hogar de tránsito, mientras el exmunicipal enfrenta un proceso que podría terminar en condena condicional.

¿Cómo se destapó el caso?

Todo comenzó cuando vecinos y activistas por los derechos de los animales denunciaron en las redes sociales al trabajador municipal por presuntos maltratos hacia su mascota. Las acusaciones no se quedaron solo en el hecho puntual: también señalaron que, en ocasiones anteriores, le habrían quitado otros animales que estaban bajo su cuidado.

Al tratarse de un empleado municipal, la comuna activó un protocolo de intervención. Así, inspectores llegaron hasta el domicilio del acusado y encontraron a la perrita con un fuerte golpe en la cabeza.

El rescate y el diagnóstico

El refugio Salvando Patas rescató a la perrita y la trasladó de urgencia a una veterinaria, donde los profesionales diagnosticaron una fractura de cráneo, producto de un golpe contundente. Rufina, como la rebautizaron en el refugio, permanece en un hogar de tránsito mientras continúa su recuperación. Según informaron, ya está fuera de peligro y buscan una familia que la adopte.

¿Qué dice la ley?

Por el hecho, se inició una causa penal bajo la carátula de maltrato animal. La Ley 14.346, que rige en Argentina desde 1954, establece penas de entre 15 días y un año de prisión para quienes maltraten o cometan actos de crueldad contra animales.

Al tratarse de una escala penal baja, una eventual primera condena podría ser de ejecución condicional, es decir, sin prisión efectiva, si así lo determina la Justicia. Además, un juez podría imponer otras condiciones al acusado, como la obligación de asistir a un profesional de salud mental o la prohibición de tener animales bajo su cuidado, entre otras medidas.

Movilización por penas más duras

El caso de Rufina se conoce en la previa de una movilización nacional que se realizará este miércoles 26 de agosto para reclamar una modificación de la legislación sobre maltrato animal. Las organizaciones convocantes consideran que las penas actuales son insuficientes y piden una normativa más firme y actualizada, con mayores medidas de protección para los animales.

En Mendoza también habrá movilizaciones para pedir penas reales, mayor protección y justicia para los animales, y para poner nuevamente en discusión la necesidad de actualizar la Ley 14.346, que lleva más de 70 años vigente.