Lo detuvieron por una denuncia con un adolescente y la Justicia fue a buscar su pasado: ya había estado preso por lo mismo

Un hombre de 42 años volvió a quedar detenido en Río Gallegos por una denuncia de presunto abuso sexual contra un adolescente de 17 años, y la causa reabrió una historia judicial que ya lo había tenido entre rejas una década atrás. La familia del menor presentó la denuncia y la Justicia santacruceña investiga si hubo contacto previo por redes sociales.

El allanamiento se concretó el miércoles 14 de octubre en una vivienda de la zona de la costanera. La División Cibercrimen y personal de Investigaciones secuestraron celulares, dispositivos de almacenamiento y otros soportes electrónicos. También revisaron vehículos ligados al domicilio, entre ellos una furgoneta blanca que los pesquisas consideran de interés para reconstruir lo denunciado.

Dos días después, el viernes 16 de octubre, una nueva orden judicial dispuso su detención y lo alojó en la Comisaría Sexta. Antes, tras el procedimiento inicial, había quedado en libertad con la obligación de fijar domicilio y permanecer a disposición del expediente. Los fundamentos completos de ambas decisiones no se conocieron públicamente.

El antecedente que pesa

La historia judicial de este hombre no arrancó en 2026. El 18 de septiembre de 2012, efectivos de la entonces División Delitos Complejos de la Policía de Santa Cruz lo interceptaron en inmediaciones de las avenidas Néstor Kirchner y Magallanes. Tenía 27 años y lo investigaban por una presunta maniobra de captación de un menor.

Según las reconstrucciones de aquel caso, el sospechoso intentó escapar a bordo de un Volkswagen Gol y embistió a un policía de civil antes de ser reducido. El operativo no fue un hecho aislado: los investigadores ya habían detectado un patrón de contacto mediante perfiles en redes sociales.

La hipótesis policial de entonces sostenía que el hombre conversaba con niños y adolescentes, generaba confianza y después intentaba concretar encuentros personales. En los allanamientos de esa causa se secuestraron computadoras y dispositivos de almacenamiento que se incorporaron al expediente.

Fuentes oficiales consultadas indicaron además que el hombre había trabajado como guía turístico en el estuario de Río Gallegos y que, en ese contexto, habría tenido contacto con chicos que visitaban el lugar.

La investigación desembocó en una condena. En 2014, la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos lo sentenció por corrupción de menores. Fuentes policiales señalaron que permaneció alrededor de diez años en prisión por delitos vinculados con la corrupción de menores y la tenencia de material de abuso sexual infantil. La sentencia original no fue difundida en las coberturas consultadas, por lo que no es posible precisar la totalidad de los hechos considerados probados ni el detalle de las penas por cada delito.

El comisario mayor Luis Poblete, a cargo del área de Investigaciones de la Zona Sur de Santa Cruz, confirmó que ya conocía al involucrado por el procedimiento anterior y recordó que en esa oportunidad terminó cumpliendo una pena de prisión.

Qué busca esclarecer Cibercrimen

La nueva denuncia la presentó la familia del adolescente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos. A partir de ahí, la Justicia intenta determinar si el hombre estableció contacto previo con el joven mediante redes sociales y si después cometió un abuso sexual con acceso carnal.

Los investigadores buscan precisar cómo se habría producido ese contacto y si los elementos secuestrados contienen información que permita confirmar o descartar las hipótesis del expediente. Hasta ahora no se difundieron resultados concluyentes de las pericias informáticas ni de los estudios sobre los vehículos.

El punto que llama la atención de los pesquisas es la coincidencia con 2012: en ambos episodios aparecen referencias a contactos digitales con menores de edad. Sin embargo, esa semejanza no demuestra que el hombre haya repetido una conducta delictiva. Esa conclusión solo podría establecerse con las pruebas reunidas y una decisión judicial.

También corresponde diferenciar la presunta captación digital del hecho de abuso sexual denunciado: son conductas con encuadres penales distintos y requieren acreditar circunstancias específicas.

Las penas que contempla la ley

El futuro del expediente depende del resultado de las pericias, de las declaraciones incorporadas y de la calificación penal que fije la Justicia.

Si se comprobara un abuso sexual con acceso carnal en las circunstancias del artículo 119 del Código Penal, la escala básica va de 6 a 15 años de prisión. La pena podría subir a 8 a 20 años si se acreditara alguna de las agravantes específicas de ese mismo artículo. Por ahora no hay elementos públicos suficientes para afirmar que corresponda aplicar alguna de ellas.

La ley también prevé el delito de grooming en el artículo 131, que castiga el contacto con una persona menor de edad mediante comunicaciones electrónicas cuando existe el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual, con penas de seis meses a cuatro años. No alcanza con demostrar que hubo conversaciones por redes: debe acreditarse esa finalidad delictiva.

El antecedente condenatorio tampoco convierte automáticamente al investigado en reincidente. La reforma del artículo 50 del Código Penal, vigente desde marzo de 2025, exige condiciones precisas para declarar la reincidencia: dos o más condenas a penas privativas de libertad, con la primera firme y dentro de los límites temporales que fija la norma. Para que esa condición tenga relevancia penal en la causa actual deben cumplirse los requisitos legales, incluida una nueva condena.

El Código Procesal Penal de Santa Cruz contempla la prisión preventiva, la negativa de excarcelación o la revocación de una libertad concedida cuando se verifican las condiciones previstas. Entre los factores que pueden evaluarse aparecen el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y los antecedentes procesales del imputado. El artículo 316 provincial permite revocar una excarcelación por incumplimiento de obligaciones, preparativos de fuga o nuevas circunstancias que justifiquen la detención. Aún no trascendió qué fundamento concreto usó el juzgado para ordenar la detención del viernes.

Si el expediente reúne pruebas suficientes, la causa podrá avanzar hacia una acusación formal y eventualmente un juicio. Si los elementos no sostienen la imputación, la Justicia deberá adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley.

La condena de 2014 no permite volver a castigarlo por aquellos mismos hechos, pero su existencia puede resultar relevante para determinadas evaluaciones judiciales dentro de los límites legales. Lo que está en juego ahora no es solo su situación de libertad: también el esclarecimiento de una denuncia grave, la protección del adolescente involucrado y la determinación de una eventual responsabilidad penal mediante un proceso con todas las garantías.