Lo condenaron por explotar a una adolescente en un prostíbulo de Entre Ríos y ahora juega otra carta

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a Rubén Alberto "Petro" Cabra a diez años de prisión por haber engañado, trasladado y explotado sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la sentencia todavía no quedó firme: la defensa apeló y, en paralelo, el condenado busca una salida que le evite seguir tras las rejas.

El fallo, dictado el 16 de junio, lo declaró autor penalmente responsable de promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años —agravado por engaño y amenaza—, promoción y facilitación de la prostitución de mayores de 18 años y trata de personas mayores de 18 años en perjuicio de la víctima J.V.C., todos en concurso ideal. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo de Concepción del Uruguay, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas.

Además de la pena de diez años, el tribunal le impuso una indemnización integral estimada en $65.292.000. El cómputo punitivo fija formalmente el cumplimiento de la condena hasta el 3 de julio de 2036.

Apelación y hábeas corpus: la doble estrategia

El pronunciamiento no está firme. La defensa técnica, a cargo del abogado Armando Nicolás Boniardi Cabra, presentó un recurso de casación que fue concedido por el tribunal, por lo que el legajo de ejecución penal quedó bajo revisión en instancias superiores para analizar la legalidad del fallo.

En simultáneo, la defensa inició gestiones para obtener la prisión domiciliaria. El reclamo se formalizó el 2 de septiembre, fundamentado en el interés superior de sus hijos. El tribunal le dio intervención al Ministerio Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes, que se presentó el 7 de septiembre y pidió informes sobre el entorno familiar del interno. La sede judicial también requirió al defensor los datos de contacto directos de la familia, un pedido que hasta el momento no fue cumplimentado.

Para acelerar el beneficio domiciliario, la defensa interpuso una acción de hábeas corpus ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. La jueza Mariela Emilce Rojas rechazó la competencia del órgano entrerriano para entender en la acción.

En su resolución, la magistrada explicó que la competencia para un hábeas corpus corresponde a los jueces de primera instancia con jurisdicción territorial en el lugar donde la persona está efectivamente privada de su libertad. Como Cabra permanece detenido en la Alcaidía de Villa Lugano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró la incompetencia material y remitió las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal, fuero de turno para resolver la presentación constitucional.

Fuga, rebeldía y captura

A los pocos días de la condena, la causa registró un episodio de fuga. El 24 de junio, mediante la resolución N° 29/2026, el tribunal declaró la rebeldía de Cabra y dispuso su orden de captura nacional e internacional tras constatar que se había ausentado injustificadamente de su domicilio denunciado en Villa Ángela, Chaco.

Tras tareas investigativas que incluyeron seguimientos e intervenciones telefónicas, el 4 de julio la Policía Federal lo aprehendió en la intersección de Bartolomé Hidalgo y Tres de Febrero, en el partido bonaerense de Moreno. Fue trasladado inicialmente a la Alcaidía del Departamento Federal de Investigaciones.

Para facilitar el contacto con su núcleo familiar en Villa Ángela, el 6 de julio se solicitó al Servicio Penitenciario Federal un cupo en la Unidad Penal N° 11 de Roque Sáenz Peña o en la Unidad Penal N° 7 de Resistencia, ambas en Chaco. Actualmente, Cabra está alojado en la División Alcaidía dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, en el barrio de Villa Lugano, CABA.

El caso que originó la condena

La investigación se inició en 2019 a raíz de una denuncia recibida por la Línea 145, derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo. Tras un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que logró identificar a la víctima en 2021.

Inicialmente la causa involucraba a dos imputados, pero el dueño del prostíbulo —Rubén Ángel Cabra, tío del actual condenado— falleció antes de ser llamado a declaración indagatoria, por lo que su sobrino quedó como único acusado.

Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006, cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar, ubicado en el acceso a "La Histórica", en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y Provincial 39, donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

El testimonio de la víctima ante la justicia fue estremecedor. Relató que durante el tiempo que permaneció cautiva en el local nocturno, el condenado no solo la obligaba a prostituirse, sino que la sometía a constantes violaciones, golpes y la drogaba para doblegar su voluntad. Las amenazas eran una herramienta de control permanente: Cabra le aseguraba que, si intentaba algo, le prendería fuego la casa a su familia en el Chaco y lastimaría a sus hermanos.

La denunciante también destacó que, a pesar de los numerosos "pases" sexuales que se veía obligada a realizar bajo coacción, nunca recibió pago alguno, permaneciendo en una situación de total vulnerabilidad y desamparo. A pesar del terror imperante, intentó escapar del prostíbulo en dos oportunidades antes de lograr finalmente su libertad.