Lo acusaron de dealer en Río Gallegos, pero la Justicia le puso una condición inesperada para zafar de la cárcel
Un allanamiento en 2019 lo puso frente a una acusación de dealer. Años después, la Justicia cambió la figura y le puso una condición que pocos esperaban: volver al secundario. Qué más tiene que cumplir.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió frenar el proceso penal contra un vecino de Río Gallegos imputado por comercio de estupefacientes y le impuso un esquema de condiciones que incluye terminar el secundario, hacer trabajo comunitario y pagar una reparación económica. La medida suspende el juicio por un año.
Según informó La Opinión Austral, el caso se remonta al 18 de enero de 2019, cuando las fuerzas de seguridad allanaron una vivienda sobre la calle Tripulante Fournier. Allí secuestraron dos envoltorios de nylon con un total de 40,40 gramos de marihuana.
Por ese procedimiento, JMA, de 41 años, fue procesado y elevado a juicio bajo la acusación de comercio de estupefacientes, delito previsto en la Ley 23.737 que contempla penas de prisión efectiva.
La audiencia que cambió el escenario
El paso del tiempo y una revisión integral del expediente modificaron el rumbo. El 2 de noviembre de 2026, ante el juez Mario G. Reynaldi, presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado.
En esa instancia, el fiscal interino Julio César Zárate recalificó el hecho como tenencia simple de estupefacientes. Con esa nueva figura, el Defensor Público Oficial Ricardo Gastón Morillo solicitó la suspensión del juicio a prueba —conocida como probation— amparándose en el artículo 76 bis del Código Penal y en el precedente "Acosta" de la Corte Suprema.
Quién es el imputado y qué se sabe de su situación
Durante la audiencia se detalló el contexto socioeconómico de JMA, trabajador estatal. Aunque su ingreso bruto ronda los 1.800.000 pesos, los descuentos de haberes reducen el sueldo de bolsillo a cerca de 300.000 pesos mensuales. Con esa suma sostiene a su pareja desde hace 11 años y a su hija de 20 años, que depende económicamente de él.
También se acreditó que no registra antecedentes penales computables y que su nivel educativo está incompleto: adeuda el último año del bachillerato y la materia Química de cuarto año.
Las condiciones que aceptó
La defensa propuso como reparación del daño una donación de 200.000 pesos en dos cuotas al Centro Hogar de Cristo, más tareas comunitarias en esa institución. La Fiscalía General dio su conformidad, pero sumó una exigencia central: que el imputado se comprometa formalmente a retomar y completar el secundario.
Con ese paquete de pautas, el tribunal otorgó la suspensión del juicio a prueba. El proceso queda paralizado durante un año y solo avanzará si no se cumplen las condiciones acordadas.
