Lo acusaron de colarse en una fiesta de San Lorenzo y terminaron indemnizándolo: qué debieron admitir los organizadores
¿Qué tuvieron que reconocer públicamente los cinco imputados para que la Justicia los sobreseyera? La respuesta está en los mensajes que publicaron en sus redes.
La Justicia cerró el expediente por la golpiza sufrida por dos jóvenes durante una fiesta electrónica en Villa San Lorenzo y dispuso el sobreseimiento de los cinco imputados, que previamente indemnizaron a las víctimas y publicaron disculpas públicas en sus redes sociales. El acuerdo de conciliación, homologado por la Justicia, puso fin a un proceso que se extendió desde noviembre de 2024, cuando se produjo la agresión.
Los familiares de los atacados compararon la violencia de aquel episodio con el caso de Fernando Báez Sosa y sostuvieron que la situación pudo haber tenido un desenlace trágico. A dos años de lo ocurrido, el expediente concluyó sin condenas, tras el cumplimiento de las condiciones pactadas.
Qué decía la versión que terminó desmentida
Los cinco acusados habían llegado a la instancia judicial imputados por lesiones leves en banda. Uno de ellos, de apellido Bardi y señalado como organizador de la fiesta, también enfrentaba una acusación por falsedad ideológica.
Esa imputación se sostenía en la versión de que los dos jóvenes agredidos habían ingresado sin autorización al evento privado. Una familiar de una de las víctimas afirmó que esa hipótesis pudo ser desmentida: “Lucas había comprado las entradas en las redes sociales”, explicó, y cuestionó que se hubiera sostenido que los chicos se habían colado.
Durante el proceso, la querella pidió que el caso se investigara como tentativa de homicidio calificado, pero el planteo fue rechazado.
Indemnización y disculpas en redes
El acuerdo de conciliación incluyó una reparación económica para las víctimas y, sobre todo, un pedido de disculpas públicas. Los imputados tuvieron que publicar mensajes en sus perfiles de redes sociales donde reconocieron que habían mentido al denunciar que los jóvenes habían entrado a una fiesta privada sin permiso.
Cumplidas esas condiciones, la Justicia resolvió el sobreseimiento de los cinco acusados.
El malestar con la etapa de garantías
Los allegados a las víctimas dijeron que quedaron conformes con la actuación judicial en el último tramo, aunque marcaron diferencias con lo ocurrido antes. Apuntaron contra la intervención de la Justicia de Garantías y consideraron que hubo numerosas fallas en esa instancia.
“Conformes no estamos, pero quería que ambas partes saliéramos de esta pesadilla”, expresó una familiar, y explicó que la decisión también estuvo atravesada por la necesidad de cerrar una situación que se arrastraba desde el ataque.
“Después de habernos enterado de que los habían patoteado, la realidad es que nada te conforma. Queríamos que esto se termine. Y los atacantes también tienen derecho a pedir disculpas”, manifestó.
Los familiares remarcaron además que, pese a las disculpas exigidas por el acuerdo, los parientes de los imputados nunca se comunicaron con ellos para expresarles personalmente su arrepentimiento.
Para los allegados a las víctimas, el cierre del expediente no borra el impacto de lo sucedido ni las objeciones que mantienen sobre una parte del proceso judicial.
