Llaryora lanzó una advertencia que incomoda a Milei: "El que no vea una crisis es un ciego"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el modelo económico de Javier Milei y advirtió por el impacto de las medidas sobre el empleo, las empresas y los hogares. Lo hizo en una entrevista televisiva y luego redobló la apuesta en redes.

"El que no vea una crisis es un ciego", disparó el mandatario provincial durante su paso por A Dos Voces, el programa que se emite por TN. La frase condensó su postura frente al rumbo económico nacional y marcó el tono de una crítica que no se limitó al diagnóstico.

Llaryora reconoció que "estabilizar la macro" es una prioridad, pero se diferenció del enfoque oficial: "Uno tiene que cerrar un presupuesto, pero es fácil cerrarlo fiscalmente no atendiendo ninguna necesidad. El desafío es tener un presupuesto para que crezca la Argentina". Para el gobernador, el equilibrio fiscal no puede ser el único objetivo de la gestión.

El impacto sobre las pymes y el empleo

El mandatario cordobés puso números sobre la mesa. "Ya hablamos de entre 20 y 30 mil pymes caídas", afirmó, y apuntó contra el escenario que atraviesa la industria. Según informes oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por Politikon Chaco y centros de estudio como CEPA, Córdoba perdió 4.796 empleadores privados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

Ese registro coloca a la provincia como el segundo distrito del país con mayor pérdida absoluta de firmas, solo por detrás de Buenos Aires. Los sectores más castigados por los cierres y la contracción son el comercio, la industria (metalmecánica, autopartes y lácteos), la construcción y el agro.

Llaryora también se refirió al endeudamiento de las familias: "Hay una situación de endeudamiento familiar tremenda". Los informes recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de centros de estudio ubican entre 377.000 y 501.000 las personas en situación de mora, con atrasos superiores a los 90 días.

En ese marco, el gobernador sostuvo que las provincias debieron absorber parte del costo de las decisiones nacionales. "Los gobernadores fuimos amortiguadores del Gobierno nacional. Tuvimos que incrementar la atención en salud", señaló.

El cruce por la Ley de Financiamiento Universitario

Consultado sobre la Ley de Financiamiento Universitario, Llaryora apuntó directo contra Milei por no cumplir con la norma sancionada por ambas cámaras y ratificada por la Justicia. "Hay que preguntarle a Milei por qué no cumple con la ley y qué idea de desarrollo tiene. Tenemos que tener un presupuesto que contemple las necesidades de los argentinos, como la discapacidad y las universidades", sostuvo.

En la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, el gobernador defendió la inversión en educación: "Los países que crecen y progresan son los que invierten en educación, ciencia, tecnología y conocimiento". Y sumó, a través de su cuenta de X: "Tenemos que estar unidos para cuidar una de las herramientas más poderosas que tiene nuestra sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades, promover la movilidad social y construir una clase media pujante".

"No podemos permitir que la falta de financiamiento comprometa el futuro de nuestros estudiantes, ni las condiciones laborales de quienes enseñan, investigan y sostienen todos los días el amplio sistema universitario", completó. Para los docentes universitarios, el problema no pasa solo por la falta de una recomposición suficiente: el ingreso mensual tampoco alcanza para cubrir los gastos básicos.

La pulsea judicial sumó un capítulo esta semana. El juez federal Martín Cormick estableció una multa al Gobierno por no cumplir con la ley, después de que la Casa Rosada apelara el fallo que declaró inconstitucional el decreto con el que se evitó enviar más presupuesto a las casas de estudio.

"Disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5º de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto", indicó Cormick en su fallo, al que accedió Página 12.