Llaryora firmó la Ley Antibúnker: qué pasará con las casas tomadas por el narco

El gobernador de Córdoba promulgó la Ley 11.128, que permite intervenir inmuebles usados como búnkeres o aguantaderos. La norma busca frenar el avance del delito organizado y el narcotráfico.

¿Qué cambios trae la nueva ley?

La norma declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad. Autoriza a identificar, intervenir, resguardar y recuperar propiedades que funcionen como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito. También abarca inmuebles abandonados o deteriorados que representen un riesgo para la comunidad, aunque aclara que la falta de uso por sí sola no habilita la intervención estatal.

Entre las medidas previstas están el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva. Estas acciones serán preventivas, temporales y proporcionales, con un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las condiciones que las motivaron.

¿Y si hay ocupantes o conflictos judiciales?

La ley delimita los casos que deben tramitarse por vía judicial: cuando haya ocupación efectiva del inmueble, disputas sobre derechos de posesión o cuando se necesiten medidas que excedan el carácter preventivo del régimen administrativo.

En materia de narcotráfico, se modificó la Ley Provincial 10.067 para que el fiscal especializado pueda solicitar al juez la clausura, aseguramiento, exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, como medida excepcional, la demolición total o parcial de estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre con resolución judicial fundada y garantías del debido proceso.

¿Quién controla los bienes incautados?

Se crearon la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos coordinarán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales.

El producido de la venta de bienes decomisados se distribuirá así: 60% para fortalecer operativa, tecnológica y logísticamente a la FPA, y el 40% restante para programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas contra el narcotráfico. Además, los vehículos y otros bienes podrán ser asignados judicialmente a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para uso operativo.