Limpieza en tribunales: perdieron la evidencia clave y se derrumbó el juicio por narcotráfico contra un policía

Un operativo de limpieza en el subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán hizo desaparecer las pruebas de un juicio por narcotráfico. El fiscal Pablo Camuña tuvo que desistir de la acusación contra un agente de la Comisaría 6ª, y el acusado fue sobreseído. La crisis judicial no termina ahí: hay incertidumbre sobre el destino de otras evidencias de causas sensibles.

El caso comenzó el 20 de septiembre de 2015, cuando un policía fue acusado de entregar una bolsa con 58 pastillas de alprazolam a un preso colombiano en su celda. Los delitos imputados eran entrega para la venta de sustancias medicinales sin autorización e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Pero cuando el juicio oral arrancó ante los jueces Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano (en forma virtual), el tribunal recibió una noticia que lo cambió todo: las pastillas secuestradas ya no existían. Habían desaparecido durante un operativo de limpieza en los depósitos del subsuelo del edificio judicial de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

¿Cómo se perdió la evidencia?

Tras el 11 de mayo, se ordenó el vaciamiento de sectores del subsuelo. Según denuncias, se retiraron cajas con drogas, armas, dinero y documentos de distintas causas. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla había advertido que allí había pruebas de expedientes en trámite, pero el operativo se realizó sin controles adecuados.

En la audiencia, Camuña fue contundente: “El Estado perdió definitivamente la posibilidad de disponer de evidencia incorporada a una causa penal”. Señaló que la desaparición impedía cualquier control o reproducción de los estudios periciales y afectaba las garantías del proceso.

El fiscal también criticó la falta de información sobre el destino de los elementos retirados y advirtió que decisiones sin publicidad ni control lesionan principios del Estado de Derecho. Además, reveló que la orden del operativo salió del mismo tribunal que luego debía analizar sus consecuencias, por lo que pidió una recusación —que fue rechazada—.

La preocupación va más allá de este caso. En fiscalías hay incertidumbre sobre pruebas de la llamada “causa Ale” y procesos por delitos de lesa humanidad, también almacenadas en el edificio.

Finalmente, el tribunal sobreseyó al imputado pero remitió las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura para que investiguen posibles irregularidades. Un juicio que debía esclarecer un delito de hace diez años terminó exponiendo una falla monumental del sistema judicial.