Lijo llegó a Posadas y advirtió qué puede fallar con el nuevo sistema penal en Misiones

El juez federal Ariel Lijo estuvo este viernes en Posadas para capacitar a operadores judiciales sobre la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Misiones, y dejó una advertencia que marcó la jornada: "Los procesos más rápidos también se prestan quizás a mayor cantidad de errores".

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 disertó en el auditorio Tierra Sin Mal del Centro Multicultural de la capital, ante jueces, fiscales y secretarios de toda la provincia. La actividad se centró en las audiencias de medidas de coerción y de control de la acusación, en el marco del régimen que comenzó a regir en Misiones a fines de agosto.

Quiénes participaron del encuentro

Entre los asistentes estuvieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti; el procurador general de Misiones, Carlos Giménez; el fiscal de Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche; la jueza Marcela Leiva; el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brites; el juez federal de Iguazú, Marcelo Cardozo, y la jueza del Tribunal Oral Federal de Posadas, Ruth Ponce de León, además de otros funcionarios judiciales.

También se sumaron diputados provinciales: Sebastián Macías, presidente de la Legislatura misionera, junto a los legisladores Santiago Koch y Francisco Fonseca.

Un cambio de roles que exige controles

Para Lijo, la reforma va más allá de retocar procedimientos: implica reorganizar la estructura judicial y la manera en que se conciben las tareas públicas. "Es un cambio cultural, no sólo de roles", planteó.

Con el sistema acusatorio, los fiscales pasan a conducir las investigaciones y a formular las acusaciones, mientras que los jueces se abocan a resolver las controversias y a velar por las garantías constitucionales de las partes. "La regla es que el juez no hace nada más de oficio", sintetizó ante el auditorio.

El magistrado subrayó las obligaciones de las fiscalías, entre ellas compartir la documentación con las defensas, y consideró necesario instrumentar mecanismos de control cruzado en las etapas iniciales de las investigaciones, que hoy pueden avanzar de manera reservada solo para las partes. En ese esquema, los jueces intervienen cuando se piden medidas de coerción y asumen el rol de jueces de garantías, con la tarea de evaluar las cuestiones constitucionales que surjan en cada caso.

Privacidad y evidencia digital, el otro frente

Uno de los primeros ejes que abordó fue el impacto de la tecnología en las causas penales. Lijo advirtió que el avance de las redes sociales y los medios digitales complica la protección de los derechos de las personas durante los procesos.

"Hoy las redes franquearon la privacidad de las personas de una manera fenomenal", señaló. Y agregó: "Tenemos un problema de privacidad. Por eso, es una etapa de crisis constitucional que jueces y fiscales debemos tener muy en cuenta".

El desafío, según su mirada, pasa por definir cómo se incorpora la evidencia digital a los procesos sin descuidar las garantías. En ese punto, "los fiscales deberán tener una prudencia adicional".

Fronteras y delitos complejos

Lijo también evaluó que la reforma puede mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y los delitos transnacionales, sobre todo cuando requieren cooperación con otros países. Un escenario que cobra peso particular en Misiones, donde el 90% del territorio está delimitado por fronteras internacionales.

Como ejemplo, mencionó las demoras de los exhortos internacionales, que pueden tardar meses o incluso años en responderse. Con el sistema acusatorio, sostuvo, los fiscales podrán establecer comunicaciones directas y obtener información por mecanismos que calificó como "más informales".

"Hay una cantidad de formalidades que van a pasar a ser audiencias y reuniones informales y eso va a generar mucha más celeridad", sumó. Y completó: "Los procesos complejos tienen estructuras contables, económicas, de estudios, empresariales transnacionales, que hacen que sean extremadamente complejos de dilucidar. Eso va a seguir ocurriendo, pero lo cierto es que va a tener mucha más posibilidad el Estado de enfrentar ese tipo de organizaciones".

"Va a ser un cambio importante y muy bueno para la provincia", valoró. Según describió, uno de los puntos sobre los que habrá que educar y acostumbrar a la ciudadanía serán las audiencias acusatorias-adversariales.

"Los sistemas adversariales, en la mayoría de los casos, se resuelven por acuerdos, y a veces las víctimas no quieren ningún acuerdo, pero la base de los sistemas adversariales está en las soluciones alternativas y los procesos terminan antes de ir a juicio: esa será la base del sistema nuevo", explicó.

Consultado sobre las causas de corrupción, sostuvo que también podrían beneficiarse de las nuevas posibilidades de comunicación entre fiscales e imputados. Ante la prensa, en cambio, evitó referirse al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que actualmente investiga.