¿Licencia por la muerte de tu perro? Un senador bonaerense lo propone para estatales
Un proyecto en la Legislatura bonaerense propone un día de licencia paga para estatales que pierdan a su mascota. ¿Qué requisitos exige? Conocé los detalles de la iniciativa que busca reconocer el duelo animal.
Un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires busca que los empleados públicos puedan tomarse un día libre con goce de sueldo si fallece su mascota. La iniciativa, del senador Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón, ya ingresó en la Legislatura y promete debate.
¿En qué consiste la licencia por duelo de mascotas?
El proyecto, presentado por el titular del bloque Hechos – UCR Identidad en el Senado, establece una licencia especial de un día hábil para todos los agentes de la Administración Pública bonaerense, sin importar su régimen laboral. La licencia deberá solicitarse dentro de los tres días hábiles posteriores al fallecimiento del animal.
Para acceder al beneficio, el empleado deberá presentar un certificado de defunción emitido por un veterinario. Además, la mascota debe estar registrada a nombre del solicitante en el Registro de Mascotas y Animales de Compañía, creado por ley.
Fundamentos: del derecho animal a la salud mental
Leguizamón argumenta que “las mascotas ocupan un lugar central en la vida cotidiana de millones de personas” y que “el fallecimiento de una mascota constituye un evento vital que genera un proceso de duelo real”. El legislador platense subraya que la psicología contemporánea reconoce el ‘duelo por mascotas’ como una experiencia legítima, con impactos emocionales comparables a la pérdida de vínculos humanos.
Según el senador, el ordenamiento jurídico laboral bonaerense responde a “una concepción tradicional de los vínculos familiares, sin incorporar nuevas formas de afectividad”. Por eso, el proyecto apunta a “superar esa limitación mediante un enfoque sistémico”, estableciendo una regla general para toda la Administración Pública.
¿Qué pasa con los controles?
Leguizamón defiende que la duración de un día es “razonable y proporcionada” y que los mecanismos de control (certificado de defunción y registro previo) evitan abusos. La propuesta se inscribe, según él, en los principios de dignidad humana y protección de la salud mental.