Ley Malvinas: el borrador que circula entre aliados y las dudas que frenan la votación
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Ley Malvinas: el borrador que circula entre aliados y las dudas que frenan la votación

El oficialismo tiene los votos para la aprobación en general, pero los aliados siguen sin cerrar el artículo que define las sanciones por injerencia extranjera. Un legislador advirtió que la redacción todavía podría alcanzar a sindicatos y cámaras empresariales.

El oficialismo llega a la sesión de este miércoles con la aprobación en general de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional —la llamada ley Malvinas— prácticamente asegurada en Diputados. Sin embargo, el acuerdo sobre las sanciones por injerencia extranjera sigue sin cerrarse y ese punto podría complicar la votación en particular.

Para intentar acercar posiciones, la Secretaría Legal y Técnica puso a circular un nuevo borrador entre los bloques aliados después de una reunión mantenida la semana pasada. El texto, que encabeza el temario de la sesión convocada para las 12, fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La iniciativa nació con un objetivo puntual: castigar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina. Con el correr de las negociaciones, su alcance se amplió a la defensa del territorio, las infraestructuras críticas y los procesos electorales e institucionales.

Qué cambió en el nuevo borrador

El Consejo de Seguridad Nacional pasará a denominarse Consejo de Asuntos Estratégicos. Con ese cambio de nombre, el Ministerio de Seguridad —a cargo de Alejandra Monteoliva— dejará de integrarlo de forma permanente y solo será convocado cuando resulte necesario.

“Por la nueva denominación del Consejo, está claro que tiene que ver con defensa, no con seguridad. El ministerio pasa a ser convocado cuando se requiera a las fuerzas de seguridad”, explicó a LA NACION un referente libertario.

En la redacción original la cartera de Seguridad no formaba parte del Consejo; se incorporó luego a pedido de los aliados. Con el último texto, el Gobierno volvió a su intención inicial.

También se amplió la definición de aeroespacio para incluir de manera expresa el espacio aéreo y el ultraterrestre.

El artículo que concentra la polémica

Los ajustes más sensibles están en el artículo 129, dentro del título VII, que incorpora nuevas figuras penales por injerencia extranjera. El Gobierno eliminó la palabra “sabotaje” y la referencia a las acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”.

Además, fijó que para configurar el delito el autor deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También dejó fuera de las sanciones a quienes compartan o adhieran contenidos u opiniones —por ejemplo en redes sociales— sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.

Las precisiones, de todos modos, no conformaron a todos los aliados. Un legislador que participa de las negociaciones advirtió que la definición del delito todavía podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales o cámaras empresariales.

“Definida por la negativa, queda todo adentro y es el ciudadano el que tiene que demostrar que se encuadra en una excepción”, cuestionó. El mismo diputado objetó que las restricciones al financiamiento extranjero se extiendan a la organización y dirección de campañas electorales, lo que podría afectar la contratación de consultores del exterior.

Los reparos del peronismo

Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, pero comparte el objetivo central: sancionar a las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.

En ese apartado el oficialismo ya había acotado las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las firmas infractoras. La nueva redacción exige que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad ilegal y que el proveedor conozca su destino o no pueda razonablemente desconocerlo.

El peronismo, en cambio, cuestiona el régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar las actividades objetadas y evitar determinadas sanciones. Desde el bloque consideran que el mecanismo podría facilitar que eludan las multas previstas por la propia ley.

También objetan el artículo 111, que somete determinadas inversiones de Estados extranjeros o de empresas controladas por ellos a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. La disposición alcanza sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional.

Desde UP advierten que podría interferir en decisiones provinciales. “Si una provincia quiere licitar un servicio que provee, por ejemplo, Huawei o Cofco, con participación del gobierno chino, incluso Petrobras, le tiene que pedir permiso al Consejo”, planteó un referente del espacio.

El texto excluye, sin embargo, las relaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.

Mayoría especial y otros temas de la sesión

El título VII modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar las campañas de injerencia extranjera y los actos de violencia contra el Estado. Como introduce cambios en materia electoral, necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, un número que el oficialismo todavía no tiene garantizado. Si no logra nuevos acuerdos, ese apartado podría quedar fuera del proyecto durante la votación en particular.

La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la ciudad de Buenos Aires y modificaciones al marco regulatorio de las pymes.

Resulta cada vez más evidente que hay un intento de armar una campaña coordinada desde el exterior, con complicidad de algunos actores de la política local, para atacar al Presidente de cara a las elecciones del año que viene. Es evidente que no van a dejar pasar la oportunidad… https://t.co/9wTJI6ZrGe

— Santi C. (@slcaputo) November 16, 2026
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