Ley de propiedad privada: el Senado dio media sanción y los cordobeses quedaron divididos

La votación en el Senado dejó un sabor agridulce para el Gobierno. ¿Qué pasó con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego y cómo votaron los cordobeses? Los detalles de una sesión que definió el futuro de la propiedad privada.

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Ley de propiedad privada: el Senado dio media sanción y los cordobeses quedaron divididos
Ley de propiedad privada: el Senado dio media sanción y los cordobeses quedaron divididos

La madrugada de este viernes fue testigo de una sesión maratónica en el Senado, donde finalmente se aprobó la ley de propiedad privada impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, el oficialismo cosechó un sabor amargo: la reforma de la Ley de Manejo del Fuego quedó afuera del proyecto, tras no conseguir los votos necesarios.

Con este recorte, las restricciones actuales que impiden modificar el uso de tierras afectadas por incendios durante 30 o 60 años, según el caso, permanecerán intactas. Un punto que generó fuertes cruces en el recinto y que marcó el tono de una jornada política intensa.

¿Cómo votaron los senadores cordobeses?

La representación cordobesa en la Cámara alta llegó dividida a la votación. Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, se pronunció en contra del proyecto, mientras que Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, ambos de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa con su voto afirmativo.

De esta manera, la postura de los legisladores reflejó la grieta que atraviesa la política nacional en torno a una ley que promete cambiar las reglas de juego en materia de expropiaciones y desalojos.

¿Qué cambios introduce la ley aprobada?

El texto que obtuvo media sanción establece nuevas reglas para las expropiaciones. En concreto, la declaración de utilidad pública deberá estar debidamente fundamentada y demostrar que la medida es necesaria y proporcional para cumplir con el objetivo planteado. Un requisito que busca evitar abusos y dar mayores garantías a los propietarios.

En materia de desalojos por falta de pago, la normativa incorpora un mecanismo novedoso: antes de iniciar la demanda judicial, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Una instancia que podría aliviar la tensión en muchos conflictos de alquiler.

La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y de parte de la oposición dialoguista, aunque no exenta de tensiones. Ahora, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará su debate en los próximos días.

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