Les ofrecen US$3000 para irse del país: quiénes reciben la propuesta y por qué los abogados alertan

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) habría extendido su programa de autodeportación a menores no acompañados, a quienes ofrecería hasta 3000 dólares para que abandonen el territorio, según consignó La Nación. La medida, que también contempla el pago del pasaje, encendió las alarmas entre abogados y organizaciones de defensa de los inmigrantes.

La propuesta se presenta directamente a niños que tienen causas abiertas en los tribunales de inmigración. Según los letrados, la oferta comenzó a plantearse a menores de entre cinco y 14 años, un rango etario que hasta hace poco quedaba fuera del esquema.

De 2500 a 3000 dólares: qué cambió en el programa

Hasta ahora, el incentivo económico para menores se había anunciado en 2500 dólares. La nueva oferta eleva esa cifra en 500 dólares. La abogada de inmigración Isaroa Velázquez explicó a Univision que el mecanismo para los adultos es distinto: “Toda persona que busque autodeportarse y recibir estos US$3000 tiene que hacerlo a través del programa de CBP Home, excepto los niños”, precisó.

Y agregó: “Los niños tienen el privilegio, por decir así, de poder recibir este monto a través de un proceso judicial con la fiscalía”.

La denuncia: menores sin abogado y presión en plena audiencia

Las organizaciones Acacia Center for Justice y Amica Center for Immigrant Rights advirtieron que la oferta puede comprometer el derecho de los niños a pedir asilo u otras formas de protección humanitaria. Señalaron que algunos menores deben evaluar la propuesta sin asistencia jurídica y sin entender del todo las consecuencias de abandonar sus expedientes.

Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, contó que su organización recibió reportes de abogados y observadores judiciales en distintas partes del país. De acuerdo con esas actas, algunos jueces presentan el incentivo como una oportunidad que debe aceptarse en la misma audiencia, sin tiempo suficiente para consultar con un abogado o analizar otras alternativas.

“Consideramos que esto forma parte de un patrón más amplio de intentos por coaccionar y acosar a los niños, intensificando la presión sobre ellos para que abandonen sus casos”, dijo Aber a Bloomberg Law.

Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, también informó sobre ofertas comunicadas por abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para los defensores, el problema no pasa solo por el dinero, sino por las condiciones en que se toma una decisión que puede definir el futuro migratorio de un menor.

“No creo que nadie deba sentirse cómodo con esta situación en la que a un niño se le niega un juicio justo porque se le dice que debe acogerse a la salida voluntaria y que debe recibir una compensación económica por ello”, afirmó Lukens a Bloomberg Law.

Qué incluye el programa de autodeportación

La aplicación CBP Home permite a los inmigrantes adultos comunicar su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos. El esquema contempla un incentivo de 3000 dólares, pasajes gratuitos, asistencia para gestionar documentos de viaje y la exención de ciertas multas civiles relacionadas con la permanencia irregular o con órdenes migratorias anteriores.

El procedimiento también prevé que, mientras se organiza la partida y se hacen las verificaciones, la persona quede temporalmente fuera de las prioridades de detención del ICE. Para quienes viajan por aire o por mar, la salida puede verificarse con los registros de las compañías de transporte. En los cruces terrestres, en cambio, se requiere confirmar el abandono del territorio mediante la aplicación.

Las consecuencias legales de aceptar la salida voluntaria

Aceptar la salida voluntaria puede tener efectos legales. Cuando hay una solicitud de asilo pendiente, abandonar el país puede generar la presunción de que el pedido fue desistido. En los casos judiciales, la salida también puede llevar a que el gobierno pida el cierre del expediente.

Esas consecuencias preocupan a los abogados, que remarcan que el programa ahora se extendió a menores no acompañados. La controversia se suma a la reducción del financiamiento federal para la asistencia jurídica de menores inmigrantes. Aunque quienes enfrentan procesos de expulsión deben recibir información sobre opciones de representación legal de bajo costo, los defensores sostienen que ese recurso no reemplaza la asistencia efectiva durante una audiencia.

“Lamentablemente, la mayoría de estos niños en estos momentos se están presentando a la corte sin representación”, dijo Velázquez.

Ante ese panorama, la abogada recomienda que los familiares y patrocinadores de los menores consulten con profesionales especializados antes de aceptar una salida voluntaria.