Les avisaron durante casi dos años, no hicieron caso y ahora la autovía no puede avanzar

El avance de la autovía sobre la Ruta Nacional N° 12 volvió a quedar envuelto en tensión. Un grupo de puesteros informales se instaló con casillas y estructuras fijas sobre las colectoras e impidió el paso de la maquinaria pesada, lo que puso en riesgo la seguridad de trabajadores y conductores. La situación derivó en un pedido formal de Vialidad Nacional a la Municipalidad de Corrientes para intervenir y despejar la traza.

El Municipio respondió con un historial de actas que, según expuso, desmiente la versión de los ocupantes. Los comerciantes habían argumentado ante la opinión pública que la Comuna nunca se acercó a dialogar ni a notificar la medida. Sin embargo, los registros oficiales muestran que las intimaciones arrancaron el 21 de octubre de 2024 y siguieron con visitas de inspectores durante todo 2025, hasta los operativos del 26 y 27 de septiembre de 2026.

Casi dos años de avisos previos

Durante todo ese periodo, según el Municipio, se buscó que los infractores se retiraran de forma voluntaria. El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, apuntó contra la negativa de los ocupantes a liberar la traza: «La máquina no podía avanzar, se los sacó el sábado (26), se les pidió, hicieron caso omiso y el domingo fuimos y estaban instalados de vuelta, es un trabajo diario».

El funcionario remarcó que el objetivo principal fue prevenir siniestros en una zona de intenso despliegue logístico. «Lo que tratamos, primero que todo, es salvaguardar la seguridad, porque no pasa nada hasta que pasa algo, y después cuando pasa vuelve la responsabilidad de por qué no se avisó», agregó.

El impacto en los vecinos

El conflicto no se limita a la órbita nacional. En las inmediaciones del Corsódromo, una propietaria debió colocar canteros y plantar árboles en el frente de su casa para evitar que una verdulería informal siguiera descargando mercadería e instalándose a diario sobre su vereda. Para el Municipio, ese caso grafica el avasallamiento a la propiedad privada y al espacio de uso común que buscan erradicar con estos controles.

Qué dice la ordenanza sobre venta ambulante

El episodio reavivó el debate sobre los alcances de la normativa vigente en la Capital provincial respecto a la economía informal. Maldonado Yonna fue categórico al definir la postura de la gestión frente a quienes reclaman su derecho a trabajar en la vía pública sin permisos: «Lo que buscamos es que se cumpla la ordenanza. El nombre lo dice bien, el vendedor tiene que deambular, porque si no ya pasa a tener el uso del espacio público».

Para el funcionario, la instalación prolongada o el armado de estructuras desvirtúan el concepto de la actividad regulada y cruzan un límite legal. «Cuando uno ya empieza a clavar un poste, armar una casilla, eso no es deambular, eso ya es hacer usurpación», concluyó, al dejar en claro que la Comuna intervendrá sistemáticamente para resguardar el libre tránsito y proteger a los comerciantes que tributan y operan dentro del marco normativo local.