Le vendió 20 gramos de marihuana y terminó preso en una comisaría: quién pagó $240.000 para sacarlo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a cuatro policías y un civil por el secuestro extorsivo de un joven de 28 años, que permaneció cautivo dentro de una dependencia policial mientras sus captores negociaban un rescate con su madre. Las penas quedaron entre 10 y 10 años y seis meses de prisión.

La causa se remonta a febrero de 2024 y tuvo como escenario inicial un barrio privado de la capital tucumana, donde una falsa venta de marihuana sirvió de anzuelo para atrapar a la víctima.

Quiénes recibieron las condenas

Los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán declararon culpables al comisario Gustavo Ezequiel Morales, al oficial principal Ángel Sebastián Gómez, al cabo primero Sergio Daniel Díaz, al agente Franco Javier Jiménez y al civil Facundo Nahuel Amaya.

El tribunal tuvo por probada la responsabilidad de los cinco en el secuestro extorsivo, con agravantes por el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por la condición de policías de varios de los involucrados.

La trampa que empezó en un grupo de Telegram

La noche del 23 de febrero de 2024, Amaya —que se presentó con el nombre de "Rafael"— contactó a la víctima por el grupo de Telegram "Flores Tucumán" y por WhatsApp para encargarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000.

Cerca de las 22, los implicados llegaron a la casa del joven, en Silvano Bores al 300, dentro del barrio El Portal del Parque. Amaya le entregó $20.000 y lo convenció de salir a la calle para cobrar los $10.000 que faltaban en un Renault Megane gris, registrado a nombre de Díaz.

Cuando el joven se acercó al vehículo, policías armados lo redujeron y lo forzaron a subir. Durante el traslado a la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital —en el pasaje 20 de Junio al 300, barrio San Cayetano— uno de los captores lo golpeó.

Ya dentro de la dependencia, lo alojaron en un comedor del fondo del edificio, donde continuaron las agresiones físicas y psicológicas. Según quedó acreditado, también lo obligaron a desnudarse y le tomaron fotografías.

El procedimiento nunca fue asentado en los libros de guardia y no existía orden judicial ni investigación en la Fiscalía de Narcomenudeo que lo respaldara.

Cómo se negoció la liberación

Mientras unos custodiaban al joven, otros regresaron al barrio privado y le pidieron a su hermano el teléfono de un familiar para iniciar la negociación. Varias de esas maniobras quedaron captadas por las cámaras de seguridad del complejo.

Desde el celular de Amaya llamaron a la madre de la víctima. Le aseguraron que tenían pruebas que ligaban a su hijo al narcotráfico, pero que lo liberarían sin causa penal si pagaba entre $200.000 y $250.000.

La mujer acudió a la dependencia, confirmó que su hijo estaba retenido y negoció cara a cara con los captores. Salió a reunir el dinero y volvió cerca de las 2 del 24 de febrero. Después de entregar $240.000, pudo llevarse al joven.

Las pistas que destrabaron la causa

La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal federal Agustín Chit y del juez federal José Manuel Díaz Vélez. Resultaron determinantes los testimonios de las víctimas, la declaración de un policía de guardia que advirtió el ingreso irregular, los peritajes de celulares y las imágenes de las cámaras.

Díaz, Gómez y Jiménez fueron procesados con prisión preventiva y un embargo de $2 millones. En su declaración, Díaz intentó tomar distancia: sostuvo que había salido a tomar un café con Gómez, que ambos llevaron a un conocido hasta la vivienda y que actuaron como policías al advertir una supuesta compra de marihuana.

Más tarde, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina identificó al jefe de la dependencia, el comisario Morales, y lo detuvo tras un allanamiento en el Barrio Policial IV, donde se secuestraron armas, municiones, agendas y dispositivos digitales.

El veredicto y el pedido de la Fiscalía

En el juicio oral, el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg plantearon que Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron un rol central en la ejecución del secuestro, que Amaya participó del engaño y que Morales habilitó el uso de la dependencia para mantener cautivo al joven.

La Fiscalía había reclamado penas de hasta 15 años. El tribunal fijó 10 años y seis meses para Morales, Gómez, Díaz y Jiménez, y 10 años para Amaya. Los cuatro policías recibieron además una inhabilitación especial de 10 años para ejercer cargos policiales.

Los jueces consideraron a Morales partícipe necesario y a Gómez, Díaz y Jiménez coautores. A Amaya también lo ubicaron como coautor, y no como partícipe secundario, tal como había sostenido la Fiscalía.

El fallo mantiene las prisiones preventivas y ordena el decomiso del Renault Megane utilizado en el operativo.

Indemnización por daño moral

El tribunal también hizo lugar a la demanda civil de la Defensoría de Víctimas. Los cinco condenados y la Provincia de Tucumán deberán pagar de manera solidaria $2 millones a la víctima y $1,5 millones a su madre por daño moral, con los intereses correspondientes.