Le tiró gas pimienta desde el patrullero a un vecino de Río Grande: ahora el policía deberá explicarle todo a la jueza

Un Cabo Primero de la comisaría Cuarta de la margen sur de Río Grande quedó en el centro de una causa por apremios ilegales y este miércoles deberá sentarse frente a la jueza para dar su versión. El episodio, ocurrido en marzo, tuvo como víctima a un hombre que ya había sufrido otro caso resonante de violencia policial.

La indagatoria está prevista para este miércoles 7 de octubre en el juzgado de instrucción 1, a cargo de la jueza María Rosa Santana. El imputado es Mauricio Cisneros, acusado de haber rociado con gas pimienta a un sujeto de apellido Insfrán mientras circulaba por la vía pública.

El episodio que derivó en la causa

Según la denuncia, el 11 de marzo pasado Cisneros patrullaba en un móvil policial junto a otros dos efectivos. Al ver a Insfrán caminando por la calle, bajó la ventanilla y le disparó el spray de gas pimienta directamente al rostro. La escena fue observada y testificada por los dos compañeros de guardia que iban con él en el patrullero.

El hecho resultó sorpresivo y terminó con una presentación judicial. En ese marco, el efectivo deberá comparecer ante la magistrada para declarar en indagatoria.

Un mismo hombre, dos causas por apremios

Insfrán no es un desconocido para la Justicia: tiene un prontuario frondoso. Pero también es el mismo hombre que en febrero pasado vivió un episodio de apremios que tomó estado público. En ese entonces fue detenido ebrio en la vía pública, subido a un patrullero y luego arrojado semidesnudo en la zona del parque industrial, fuera de la jurisdicción del móvil.

Por ese caso están imputados de “apremios ilegales” y “abandono de persona” tres efectivos de la misma comisaría Cuarta: el ayudante Francisco Milo, el sargento Artemiio Cruz y el cabo primero Diego Cok. Los tres aún no tienen fecha de indagatoria.

La investigación de aquel episodio también apuntó al jefe de la Unidad Regional Norte, comisario Ismael Lasala, pero fue absuelto el 10 de agosto. La Justicia determinó que la demora del sumario policial no fue responsabilidad suya. En cambio, se estableció que Lasala fue quien brindó las órdenes directas de intervención.

Lo que no se investigó fue el rol de los jefes de dependencia: los comisarios Diego Alderete, de la Segunda, y Aníbal Arias, de la Cuarta, que demoraron horas en informar lo sucedido. La comisaría Segunda, donde fue encontrado Insfrán, tuvo una demora sensible en avisar a la Justicia y hubo un cruce de comunicaciones poco claro con la Cuarta.

Arias y Alderete intentaron responsabilizar a Lasala en el sumario interno por una actuación que debían haber realizado sin consulta previa. Ambos comisarios Mayores fueron pasados a retiro a principios del mes pasado y no se siguieron investigando responsabilidades administrativas a “los de arriba”.

Una tercera denuncia que complica a la fuerza

La semana pasada, tres detenidos en relación a una agresión denunciaron que el personal policial sacó de su vivienda a Maxiliano Burgoa y se lo llevó en un móvil para tirarlo al agua en la zona de la playa. Según el relato, le metieron la cabeza bajo el agua con amenazas y golpes.

La extracción ilegal de la vivienda de Burgoa quedó registrada por cámaras de seguridad. La Policía nunca informó a la Justicia de esa primera intervención. El caso lo lleva el juzgado de instrucción 3, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo, que todavía espera que se precise qué efectivos pueden estar involucrados en esta nueva denuncia por apremios.

El cuadro general es complejo para la comisaría de la margen sur de Río Grande, desbordada por la demanda criminal y por sujetos de permanente reincidencia, a lo que se suma el malestar del propio personal por diversas condiciones laborales. En ese contexto, las inconductas de varios uniformados ya generaron al menos tres causas importantes por apremios ilegales contra personal de esa dependencia.