Le tendieron una trampa por 20 gramos de marihuana: quién terminó preso fue él
Un joven de 28 años creyó que cerraba una venta de 20 gramos de marihuana. Esa noche terminó esposado en el fondo de una comisaría, mientras su madre negociaba su liberación con los mismos que lo habían encerrado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán cerró uno de los casos más oscuros de los últimos años en la provincia: cuatro policías y un civil fueron condenados por secuestrar a un joven, encerrarlo en una dependencia policial y cobrarle a su madre un rescate de $240.000 para devolverlo con vida.
Las penas oscilan entre los 10 y los 10 años y seis meses de prisión. El fallo alcanzó al comisario Gustavo Ezequiel Morales, al oficial principal Ángel Sebastián Gómez, al cabo primero Sergio Daniel Díaz, al agente Franco Javier Jiménez y al civil Facundo Nahuel Amaya.
Los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán dieron por probada la responsabilidad de los cinco en el secuestro extorsivo, con los agravantes del cobro del rescate, la intervención de tres o más personas y la condición de policías de varios de los implicados.
Una compra de marihuana que era una emboscada
Todo arrancó la noche del 23 de febrero de 2024. Por un grupo de Telegram llamado "Flores Tucumán" y por WhatsApp, Amaya —que se hacía pasar por "Rafael"— contactó a la víctima, un joven de 28 años, con la excusa de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000.
Cerca de las 22, el grupo llegó a la casa del muchacho, en Silvano Bores al 300, dentro del barrio privado El Portal del Parque. Amaya le pagó $20.000 y lo convenció de salir a la calle para buscar los $10.000 que faltaban en un Renault Megane gris, que pertenecía a Díaz.
Cuando el joven se acercó al auto, policías armados lo redujeron y lo obligaron a subir. En el traslado hacia la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, en el pasaje 20 de Junio al 300 del barrio San Cayetano, uno de los captores lo golpeó.
Ya dentro de la dependencia, la víctima fue llevada a un comedor en el fondo del edificio. Ahí siguieron las agresiones físicas y psicológicas. Según quedó acreditado en la investigación, también lo obligaron a desnudarse y le sacaron fotos.
El procedimiento nunca se anotó en los libros de guardia. Tampoco existía una orden judicial ni una investigación abierta en la Fiscalía de Narcomenudeo que justificara semejante despliegue.
El llamado a la madre y los $240.000
Mientras unos vigilaban al joven adentro de la dependencia, otros volvieron al barrio privado y le pidieron a su hermano el teléfono de un familiar para negociar la liberación. Varios de esos movimientos quedaron filmados por las cámaras de seguridad del complejo.
Desde el celular de Amaya llamaron a la madre. Le dijeron que tenían pruebas que podían vincular a su hijo con el tráfico de estupefacientes, pero que lo soltarían sin causa penal si pagaba entre $200.000 y $250.000.
La mujer fue a la dependencia, comprobó que su hijo estaba retenido y negoció cara a cara con los secuestradores. Salió a juntar el dinero y volvió cerca de las 2 del 24 de febrero. Después de entregar $240.000, pudo llevarse al joven.
Las pruebas que desarmaron la coartada
La causa la investigaron primero el fiscal federal Agustín Chit y el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Fueron claves los testimonios de las víctimas, la declaración de un policía de guardia que advirtió el ingreso irregular del joven, los peritajes de los teléfonos y las imágenes de las cámaras.
Díaz, Gómez y Jiménez quedaron procesados con prisión preventiva y con un embargo de $2 millones. En su declaración, Díaz intentó correrse del secuestro: dijo que había salido a tomar un café con Gómez y que, según su versión, ambos trasladaron a un conocido hasta el domicilio y actuaron como policías al advertir una supuesta compra de marihuana.
Más tarde, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina identificó al jefe de la dependencia, el comisario Morales, y lo detuvo tras un allanamiento en el Barrio Policial IV. En el operativo secuestraron armas, municiones, agendas y dispositivos digitales.
Qué pidió la Fiscalía y qué resolvió el tribunal
En el juicio oral, el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg sostuvieron que Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron un rol central en la ejecución del secuestro, que Amaya participó del engaño y que Morales permitió usar la dependencia policial para mantener cautiva a la víctima.
La Fiscalía había pedido penas de hasta 15 años. El tribunal, en cambio, fijó 10 años y seis meses para Morales, Gómez, Díaz y Jiménez, y 10 años para Amaya. Los cuatro policías también recibieron una inhabilitación especial de 10 años para ejercer cargos policiales.
Los magistrados consideraron a Morales partícipe necesario y a Gómez, Díaz y Jiménez coautores. A Amaya lo resolvieron como coautor del delito, y no como partícipe secundario, que era el encuadre que había planteado la Fiscalía.
El fallo dispuso mantener las prisiones preventivas y decomisar el Renault Megane usado en el hecho.
Además, el tribunal hizo lugar a la demanda civil de la Defensoría de Víctimas y condenó a los cinco acusados y a la Provincia de Tucumán a pagar de forma solidaria $2 millones a la víctima y $1,5 millones a su madre por daño moral, más los intereses correspondientes.
