Le sacaron la casa social en Godoy Cruz por alquilarla y no pagarla

El Gobierno de Mendoza confirmó la desadjudicación de una vivienda social en Godoy Cruz, tras rechazar el recurso presentado por el beneficiario para intentar recuperarla. La medida recayó sobre P.R.L., titular original de la casa ubicada en la Manzana J, Casa 11, del barrio Paulo VI-Casas.

La decisión quedó firme mediante el Decreto N° 1666, firmado el 13 de agosto pasado. El expediente se remonta a diciembre de 2019, cuando el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) resolvió quitarle la adjudicación por incumplimientos en las condiciones del régimen de viviendas sociales. Desde entonces, el hombre realizó presentaciones administrativas para intentar revertirla, sin éxito.

Los motivos de la desadjudicación

Uno de los ejes del caso fue que P.R.L. no habitaba la vivienda. Esa situación no era reciente: en 2010, una persona denunció que la casa era alquilada por el adjudicatario desde aproximadamente 2005 y que el inmueble estaba en malas condiciones.

Las inspecciones posteriores lo confirmaron. En 2018, las autoridades constataron que la vivienda estaba ocupada por terceros, con un grupo familiar numeroso residiendo allí. Para el IPV, no se trató de un hecho aislado, sino de una ocupación irregular sostenida en el tiempo, incompatible con el fin social de la vivienda.

A eso se sumó la falta de pago de las cuotas del crédito otorgado por el IPV. El adjudicatario fue intimado a regularizar la situación, pero no se presentó ni personalmente ni a través de su apoderada. La normativa vigente habilita al organismo a resolver unilateralmente la adjudicación cuando se acumulan tres cuotas impagas consecutivas.

Los recursos rechazados

La apoderada de P.R.L. presentó primero un recurso de revocatoria contra la decisión del IPV y luego un recurso de alzada ante el Gobierno provincial. En ambas instancias intentó dejar sin efecto la desadjudicación, pero los planteos fueron desestimados.

Los organismos jurídicos provinciales consideraron que el IPV actuó dentro de sus facultades. El Decreto N° 868/77 establece que el Instituto puede dejar sin efecto una adjudicación cuando el beneficiario no habita la vivienda o incurre en incumplimientos de pago. Asesoría de Gobierno entendió que los hechos estaban acreditados: el hombre no residía allí desde hacía años y había incumplido de manera sostenida sus obligaciones.

Con el nuevo decreto, el Gobierno aceptó formalmente el recurso de alzada pero lo rechazó en su contenido, dejando firme la desadjudicación en sede administrativa. El interesado aún puede recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa, dentro de los plazos que fija la legislación provincial.