Le robaron el arma, la obligan a pagar $839.000 y su defensa la dejó en offside

El Tribunal de Cuentas de La Pampa cerró un Juicio de Responsabilidad contra una agente de la Policía provincial y le impuso un cargo de $839.000 para reponer la pistola reglamentaria que le sustrajeron o extravió. La resolución quedó plasmada en la Sentencia Nº 2644, publicada en el Boletín Oficial.

La mujer intentó pagar menos. Presentó un escrito en el que expuso dos argumentos: que al ingresar a la fuerza ya había abonado el uniforme y el equipamiento —incluida el arma—, y que la pistola “era usada”, por lo que exigirle el valor de una nueva le parecía desproporcionado y un posible “enriquecimiento sin causa” para el Estado. El organismo rechazó ambos planteos.

El origen del sumario

Todo comenzó con un sumario administrativo que instruyeron la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Jefatura de Policía. Allí se le atribuyó responsabilidad disciplinaria por la pérdida de una pistola semiautomática marca Bersa, modelo TPR9, calibre 9×19 milímetros, con su cargador.

Cuando la notificaron de que la reposición costaba $839.000 —valor tasado por la Jefatura—, la agente no negó el pago. De hecho, manifestó su voluntad de abonar, pero pidió una reducción con los argumentos ya mencionados.

Los fundamentos del rechazo

La sentencia lleva las firmas de la presidenta del Tribunal, María Alejandra Mac Allister, y del vocal José Carlos Moslares. En los considerandos explicaron que el pago inicial de los cadetes responde a recaudos administrativos y no transfiere la propiedad del armamento al efectivo: el Estado conserva siempre la titularidad del material destinado a la seguridad pública.

Sobre el estado del arma, los vocales remarcaron que se trata de un bien de adquisición restringida, que no se vende libremente en el mercado. “No resulta factible ni jurídicamente viable para el Estado adquirir un arma usada en idénticas condiciones de desgaste a la extraviada para garantizar la continuidad del servicio”, sostuvieron.

Además, subrayaron que el costo de reponer el equipamiento con los estándares actuales debe recaer en el agente responsable y no en la sociedad.

Cómo se pagará

Tras rechazar los cuestionamientos, el Tribunal aceptó el pedido de financiación de la agente y ordenó a la Contaduría General de la Provincia que le descuente los $839.000 en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $83.900, directamente de su recibo de haberes.