Una constructora rosarina recibió un ajuste fiscal que le cambiaba el balance, pero el expediente guardaba un detalle clave: la documentación que la empresa había presentado nunca apareció. La Cámara falló y el golpe para el municipio es directo.
La Cámara Contencioso Administrativo de Rosario resolvió anular la resolución municipal que había aplicado a una empresa constructora un ajuste de casi $80.000.000 en el Derecho de Registro e Inspección (DREI), además de una multa. El fallo representa un revés para la Municipalidad de Rosario en su pulseada fiscal con una firma del rubro de la construcción.
La compañía, dedicada a obras públicas, infraestructura, vivienda y proyectos privados de distintas escalas, había presentado un recurso contencioso administrativo contra el municipio. Su objetivo era dejar sin efecto una resolución del intendente que, a su vez, había rechazado los recursos de reconsideración que la empresa interpuso contra las decisiones de la Dirección General de Estrategia Fiscal.
El origen de la inspección
Según el relato de la firma, el 17 de febrero de 2021 la Municipalidad puso en marcha una inspección y notificó el acta de procedimiento correspondiente. La empresa sostuvo que entregó toda la documentación solicitada.
Sin embargo, al revisar las actuaciones, la defensa advirtió que la documental aportada no estaba incorporada al expediente, y en particular faltaban los estados contables. Sobre esa base se ordenó el ajuste por casi $80.000.000.
La Municipalidad notificó entonces el ajuste parcial del DREI por los períodos fiscalizados y aplicó una multa por omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El argumento de la empresa
La firma, patrocinada por los abogados Georgina de Loredo Borrás y Facundo Petrocelli, planteó que los ingresos tomados como base imponible son ajenos a su actividad social. En concreto, señaló que no realiza intermediación financiera y que no está autorizada por el Banco Central ni por ningún otro organismo de control para hacerlo.
La información fue difundida originalmente por el periodista Alberto Furfari en el sitio Versión Rosario.
Qué pesó en la decisión de la Cámara
Los jueces Alejandro Andrada, María de los Milagros Lotti y Marcelo López Marull —este último votó en disidencia— tomaron como referencia la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal sostiene que el monto de una tasa considerada exorbitante debe analizarse desde la perspectiva de su posible carácter confiscatorio.
Con ese criterio, los magistrados concluyeron que tanto el ajuste como la multa resultan ilegítimos y dispusieron su anulación.
