Le prometieron trabajo en Santa Cruz, pero le quitaron el documento y el teléfono

Le prometieron un trabajo y terminó encerrada tres años en Santa Cruz: le sacaron el documento, el teléfono y hasta la posibilidad de ver a su familia. La condena llegó, pero hay una denuncia que todavía no se investigó.

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Le prometieron trabajo en Santa Cruz, pero le quitaron el documento y el teléfono
Le prometieron trabajo en Santa Cruz, pero le quitaron el documento y el teléfono

Una oferta laboral la llevó hasta la Patagonia y terminó atrapada durante tres años entre Río Gallegos y Gobernador Gregores. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a ocho años de prisión a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo por trata de personas agravada, y les ordenó pagar $90 millones de reparación.

La promesa que se convirtió en encierro

La investigación reconstruyó que la víctima llegó a Santa Cruz con una propuesta de empleo. Según el expediente, terminó trabajando en comercios de indumentaria y haciendo tareas domésticas bajo condiciones de explotación.

El relato de la mujer detalla el mecanismo: le retenían los documentos y el teléfono, le restringían las salidas y le dificultaban cualquier contacto con su familia. Ese control le impedía decidir sobre su propia vida.

El pedido de auxilio que destrabó la causa

El caso salió a la luz cuando una clienta le prestó su celular para que pudiera pedir ayuda. A través de esa comunicación, la víctima logró contactarse con la División Trata de Personas de la Policía provincial.

La condena y los hechos probados

El juez Mario Reynaldi consideró a Choque Laura y Álvarez Aramayo coautores de trata de personas agravada. Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre octubre de 2015 y octubre de 2018 en Río Gallegos y Gobernador Gregores.

El fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz les impuso ocho años de prisión a cada uno y una reparación económica conjunta de $90 millones.

Otra denuncia que ahora deberá investigarse

Además de la condena, el tribunal remitió antecedentes a la Justicia provincial para que investigue los presuntos abusos sexuales reiterados que denunció la víctima.

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