Le prometieron proteger su indemnización, pero terminaron controlando cada peso: la denuncia que estremece a Tucumán

Una joven de 21 años, víctima de abuso sexual, denunció a sus propios abogados por quedarse con el dinero de su reparación integral. La causa ya tiene allanamientos, restricciones perimetrales y una oferta de 12 millones que la víctima rechazó de plano.

La denunciante, identificada como T. C., había obtenido en septiembre de 2025 una camioneta Ford Ranger Limited 4×4 modelo 2023 valuada en 50 millones de pesos como parte de un acuerdo reparatorio en una causa por abuso sexual contra un ex concejal. Los honorarios de los abogados intervinientes debían ser pagados por el agresor, según lo pactado.

Sin embargo, según la denuncia, los hermanos Alfredo y Silvia Aydar impidieron que la joven dispusiera del vehículo y lo vendieron el 12 de noviembre de 2025 por 33,5 millones de pesos. Luego, mediante un supuesto ardid de manipulación psicológica, la convencieron de que su domicilio era inseguro, que se avecinaba un “corralito” y que el abusador enviaría sicarios. Así lograron que la joven trasladara 30 millones de pesos en efectivo al estudio jurídico, sin firmar ningún contrato de administración, depósito o fideicomiso.

A partir de ese momento, la víctima perdió el control de su dinero. Para retirar fondos destinados a las necesidades básicas de su hijo recién nacido, debía pedir autorización por WhatsApp y rendir explicaciones, según consta en actas notariales. La situación se agravó cuando Alfredo Aydar le informó que había extraído 10 millones de pesos para otorgar dos préstamos a terceros en Santiago del Estero, sin su consentimiento.

Además, los abogados pretendieron cobrarle 2.340.000 pesos en honorarios por supuestos procesos conexos, alegando haber presentado “más de 100 escritos” con un costo de 650.000 pesos cada consulta. La joven constató que solo había firmado dos presentaciones y que los letrados le habían garantizado que no le cobrarían honorarios.

Ante esta situación, la víctima radicó una denuncia penal que llevó a la jueza Cynthia Rocha a ordenar allanamientos en los estudios jurídicos y en el domicilio de Alfredo Aydar, donde se secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares.

Para frenar la investigación, los Aydar ofrecieron 12 millones de pesos en efectivo a cambio de la extinción de la acción penal, sin reconocer responsabilidad. La denunciante rechazó la propuesta por considerarla “insuficiente” y una maniobra para garantizar la impunidad. La fiscalía busca determinar el destino de los 50 millones originales, los 33,5 millones de la venta, los desvíos a Santiago del Estero y las retenciones no pactadas.

El caso sumó una nueva arista con la denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán el 3 de junio de 2026, donde se calificó el accionar de los profesionales como un “claro ejemplo de abuso de confianza” y una violación a los deberes de lealtad y transparencia. La presentación advierte sobre un “interés público prevalente” que impide cerrar el caso sin un esclarecimiento completo.

Por su parte, Alfredo Aydar negó las acusaciones y sugirió una motivación política: “En el último tiempo creció fuerte mi ataque a políticos contra la corrupción. Habría que investigar si todo esto no está relacionado con mi actividad y tiene un origen político para desacreditarme”, sostuvo.