Le pidieron cerrar la causa por fraude en Turismo, pero la Justicia les dio 24 horas para acusarlos

La causa que investiga un presunto fraude millonario contra el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan sumó un capítulo judicial decisivo. El juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli rechazó el pedido de sobreseimiento que habían presentado las defensas y le ordenó al Ministerio Público Fiscal (MPF) que formalice la acusación para encaminar el expediente hacia el juicio oral.

El planteo de los abogados defensores apuntaba a la extinción de la acción penal. El magistrado lo desestimó y, en el mismo fallo, intimó a la UFI Delitos Especiales a presentar los cargos en un plazo perentorio de 24 horas.

Quiénes están imputados

El principal investigado es Matías López, excomisionado y chofer de vehículos oficiales de la cartera de Turismo. Se le atribuye haber articulado maniobras irregulares vinculadas al expendio de combustible y a la posterior facturación que se le cargaba al Estado provincial.

Junto a él figuran imputados seis playeros de una estación de servicio: Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián.

Según la investigación, que arrancó el 16 de agosto de 2023 y se formalizó en noviembre de ese año, el engranaje entre el chofer y los trabajadores del surtidor habría generado un perjuicio económico estimado en más de $5.000.000.

El debate por los plazos

En la audiencia, los defensores pidieron el cierre definitivo del caso alegando que había vencido el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). El fiscal Francisco Nicolía rechazó de plano esa postura: sostuvo que el vencimiento de los términos no implica la extinción automática de la acción penal y se apoyó en los artículos 62 y 63 del Código Penal, referidos a la prescripción, y en el artículo 353 del Código Procesal Penal provincial.

Para explicar la demora, el representante del MPF reveló la dimensión del expediente: la pieza acusatoria ya redactada contempla un total de 268 hechos delictivos. Nicolía confirmó además que el escrito ya había sido derivado a la Fiscalía de Estado para su revisión.

El respaldo de la querella

La Fiscalía de Estado, que actúa como querellante para resguardar las arcas públicas, adhirió a la postura de la Fiscalía. En su exposición remarcó que las defensas confundieron conceptos al equiparar la extinción de la acción penal y la prescripción con el simple vencimiento de los plazos de la IPP, que tiene un mecanismo legal específico de intimación.

Tras escuchar a las partes, Meglioli desestimó la excepción de la defensa y, como la documentación acusatoria ya está en manos de la querella, fijó el límite de 24 horas para la presentación formal de los cargos.