Le ofrecieron plata para simular un asalto: el disparo que terminó con un repartidor baleado

La causa por el violento asalto a un repartidor de sodas en Salta tomó un rumbo inesperado. El hombre acusado de dispararle a la víctima declaró ante la Justicia que todo fue una puesta en escena: según su versión, le pagaron para simular un robo y así facilitar el cobro de un beneficio de una ART.

El hecho que inició la investigación

El episodio ocurrió el 27 de abril, cerca de las 17.30, en una calle de tierra del barrio 17 de Octubre, en la ciudad de Salta. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el conductor de un camión repartidor de una empresa de sodas se detuvo para orinar y fue abordado por dos personas que llegaron en moto.

Según la acusación, uno de los ocupantes del rodado descendió, lo intimó a entregar el dinero y el trabajador, para evitar males mayores, les dio $200.000 y su teléfono celular. Pero la secuencia no terminó ahí: el asaltante le disparó y el proyectil le impactó en una pierna, a la altura de la pantorrilla. Los dos hombres huyeron.

La víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo, donde los médicos le diagnosticaron una herida de arma de fuego y una fractura de tibia. A partir de ahí, la pesquisa se orientó a identificar a los responsables y derivó en la detención de un sospechoso, imputado como presunto autor de robo calificado por el uso de arma de fuego.

El celular que apareció en un allanamiento

Uno de los elementos que la fiscalía presentó en la audiencia fue el resultado de un allanamiento en el domicilio del acusado, realizado hace poco más de un mes. En ese procedimiento se secuestró un teléfono celular que fue identificado como perteneciente al repartidor asaltado.

Ese hallazgo es una de las pruebas que sostienen la hipótesis del robo. La Justicia deberá evaluar cómo llegó ese aparato al domicilio allanado y qué peso tiene dentro del expediente.

La versión del acusado: un supuesto acuerdo para cobrar de una ART

El giro más llamativo se produjo cuando la defensa expuso su teoría. El abogado del imputado —conocido con el apodo de "Bobo"— aseguró que el asalto nunca existió y que su cliente participó de una maniobra acordada para simular un hecho delictivo y provocar una lesión que permitiera gestionar un beneficio ante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Según ese relato, días antes del hecho el imputado recibió una llamada de un compañero que le propuso participar en un falso robo. La tarea consistía en dispararle a una persona que, de acuerdo con la defensa, no quería seguir trabajando y pretendía solicitar un retiro a través del sistema de riesgos del trabajo. La propuesta incluía un pago de $200.000, dividido en dos partes: $100.000 en el momento y otros $100.000 después.

El propio acusado pidió declarar ante la jueza y ratificó la versión de su abogado. Sostuvo que su participación estuvo vinculada a ese supuesto acuerdo económico y no a un robo como el que describe la fiscalía.

La declaración abre varios interrogantes: si realmente existió la propuesta para simular el asalto, quién la habría organizado, qué rol habrían tenido las personas mencionadas y si hay comunicaciones, testimonios u otros elementos que respalden lo dicho. También deberá establecerse si hubo alguna gestión ante una ART y qué beneficio concreto se habría pretendido obtener. Por ahora, el planteo de la defensa no acredita la existencia de una estafa ni demuestra que el trabajador baleado haya participado voluntariamente de una simulación.

Dos hipótesis que no se cruzan

La fiscalía sostiene que el repartidor fue víctima de un robo violento y que recibió un disparo después de entregar sus pertenencias. La defensa, en cambio, afirma que la secuencia formaba parte de un supuesto acuerdo previo y que el acusado intervino en un episodio presentado como robo pero con otro objetivo.

La nueva versión también abre una línea de investigación vinculada con el régimen de las ART. En Argentina, estas aseguradoras cubren accidentes laborales y enfermedades profesionales, pero la obtención de una prestación o indemnización requiere cumplir determinados requisitos y no depende solo de la existencia de una lesión. Hasta el momento, la información expuesta en la audiencia no permite afirmar que se haya iniciado un trámite, presentado una solicitud de indemnización o cobrado dinero de una aseguradora.

Amenazas en la Alcaidía y traslado a Villa Las Rosas

Durante la audiencia también surgió otro tema que influyó en la decisión judicial. La defensa pidió el arresto domiciliario para el imputado porque, según su relato, había recibido amenazas mientras estaba detenido en la Alcaidía. Según manifestó el propio acusado, otro interno lo intimidó para impedir que contara lo sucedido.

La jueza no concedió el arresto domiciliario, pero ordenó su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas como medida de protección. Además, dispuso correr vista a la fiscalía en turno para que investigue las amenazas denunciadas y ordenó a las autoridades de la Alcaidía que, hasta que se concrete el traslado, adopten todas las medidas necesarias para resguardar la integridad psicofísica del detenido.

Qué resolvió la Justicia

La jueza mantuvo la prisión preventiva del acusado por 25 días, un plazo menor al que había solicitado la fiscalía, que pedía 35. También exhortó a la defensa a presentar, en las próximas 24 horas, todos los elementos necesarios para producir las pruebas destinadas a investigar su teoría del caso.

Así, el expediente sigue abierto con dos relatos profundamente distintos. Por un lado, un repartidor de sodas que, según la acusación fiscal, fue abordado por delincuentes, despojado de dinero y un celular, y baleado en una pierna. Por otro, un imputado que sostiene que le ofrecieron una suma de dinero para participar en un supuesto acuerdo destinado a generar una lesión y obtener un beneficio relacionado con una ART.

Por ahora, la Justicia no resolvió cuál de esas versiones refleja lo ocurrido. El acusado seguirá privado de su libertad mientras se investigan tanto el hecho que provocó las lesiones del repartidor como las amenazas denunciadas durante su detención.