Le mostraron los videos de los golpes y el policía eligió una palabra que descolocó a la jueza
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Le mostraron los videos de los golpes y el policía eligió una palabra que descolocó a la jueza

En pleno juicio por la violencia policial contra dos familias qom en Fontana, un oficial declaró sobre los videos de la golpiza a una de las víctimas y eligió una palabra que encendió el interrogatorio. Qué dijo y qué contradicciones salieron a la luz.

La séptima audiencia del juicio oral por la violencia policial contra dos familias del pueblo Qom, ocurrida en mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, volvió a poner el foco en un testimonio incómodo. El oficial auxiliar Jorge Daniel Fernández, que por entonces se desempeñaba en la Comisaría Tercera de esa localidad, declaró ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia y calificó como “correcta” la golpiza que sus colegas le propinaron a una de las víctimas dentro de su propia casa.

El momento más tenso llegó cuando se proyectaron los registros audiovisuales de las agresiones. Consultado puntualmente por los puños que efectivos policiales le dieron a Alejandro Delio Saravia en el interior de su vivienda, el testigo no esquivó la respuesta: consideró que esa actuación había sido “correcta”, según consignó el portal judicial Litigio.

La contestación despertó cuestionamientos inmediatos. La Fiscalía de Derechos Humanos y la querella aprovecharon el interrogatorio para confrontarlo con las diferencias entre lo que declaró en el debate y lo que había dicho en octubre de 2020 ante el Órgano de Control Institucional (OCI).

Un testigo que se contradice

Fernández contó que cumplía tareas administrativas en la Comisaría Tercera de Fontana, donde estuvo alrededor de cuatro años y medio. Dijo conocer a la mayoría de los imputados y ratificó los reconocimientos que ya había hecho ante el OCI.

En esa línea, identificó a los policías Latorre, Benítez, Lucena y Foschiatti, y aseguró haber reconocido a Sofía González en una de las secuencias donde se ve una agresión contra una joven.

Pero el problema apareció cuando el interrogatorio puso en paralelo sus respuestas actuales con las del 15 de octubre de 2020, prestadas en el marco de la investigación administrativa. En varios pasajes, el efectivo sostuvo que había sido obligado a declarar ante el organismo de control.

La jueza Dolly Fernández le salió al cruce: le recordó que declarar es una obligación para cualquier persona convocada en una investigación judicial o administrativa. La Fiscalía, por su parte, invocó el artículo 98 de la Ley Orgánica Policial, que fija el deber del personal de colaborar con las investigaciones.

Qué dicen los videos sobre el uso de la fuerza

La proyección de las imágenes devolvió al centro del debate las condiciones del procedimiento y los límites del uso de la fuerza. Fernández explicó que se puede ingresar a una vivienda ante situaciones de flagrancia y que la intervención policial debe seguir criterios de progresividad.

Sin embargo, al principio evitó opinar sobre lo que mostraban los videos, con el argumento de que no había participado del operativo. La jueza insistió y le pidió una definición concreta: si consideraba correcta o incorrecta la actuación de los efectivos. Recién entonces el testigo calificó como “correctos” los golpes de puño contra Delio, una de las víctimas.

En la misma audiencia se exhibieron fotografías de personas con lesiones. La defensa objetó las preguntas sobre esas imágenes porque el testigo no tenía conocimientos médicos para determinar si había lesiones. La jueza rechazó el planteo y dejó seguir el interrogatorio.

La Fiscalía volvió sobre la declaración que Fernández había prestado ante el OCI, donde había reconocido haber visto personas lesionadas. Así, las imágenes y sus dichos anteriores regresaron a la discusión sobre lo ocurrido durante el procedimiento.

Las responsabilidades policiales, bajo la lupa

Karina Paz, integrante de la querella, presentó el acta de la declaración testimonial de octubre de 2020 y marcó nuevas contradicciones con lo que el oficial respondió en el juicio.

La representación del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco lo interrogó sobre los pasos que debe cumplir el personal policial cuando interviene en la aprehensión de una persona menor de edad. Fernández respondió que le corresponde al jefe de turno comunicar la situación a los juzgados competentes.

Las preguntas buscaron reconstruir no solo la secuencia de los hechos, sino también las obligaciones funcionales de los efectivos y los mecanismos que debían respetarse durante los procedimientos.

Los hechos de Fontana

Lo que se juzga ocurrió en la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana entraron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, lo hicieron sin orden judicial y sometieron a integrantes de dos familias del pueblo Qom a golpes, amenazas, vejaciones y otros actos de violencia institucional, tanto en el domicilio como después en la dependencia policial.

La causa había llegado a juicio en abril de 2022, pero el debate sufrió suspensiones y reprogramaciones sucesivas. Las audiencias comenzaron finalmente el 5 de octubre de 2026.

Hay diez efectivos imputados por distintos delitos. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena afronta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.

El bloque acusador es amplio. Como querellantes institucionales intervienen la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, con Guillermo Cuellar. También actúa la defensora oficial 14, Karina Paz, en representación de las víctimas.

Amnistía Internacional Argentina participa como “amigo del tribunal”, con Mariela Belski como representante y el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.

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