Le habían dictado prisión preventiva por una estafa con terrenos y ahora la Justicia dio un giro inesperado

La Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes decidió revocar la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal Escudero, la mujer acusada de liderar una presunta defraudación millonaria con terrenos en el barrio Familia Unida. La resolución, que se conoció este lunes, marca un antes y un después en una causa que mantiene en vilo a decenas de familias.

¿Qué medidas le impusieron?

Si bien la imputada recuperó su libertad, no quedó completamente desligada del proceso. A partir del 16 de agosto, deberá cumplir una serie de restricciones: no podrá salir de la provincia de San Luis, tendrá que fijar residencia en Villa Mercedes, firmar el libro de actas en el Ministerio Público Fiscal cada 15 días y abstenerse de contactar a otros involucrados en la causa.

La jueza de control fue contundente al advertir que cualquier incumplimiento de estas condiciones podría implicar el regreso de la mujer a prisión. La decisión no cayó bien en todas las partes: tanto la Fiscalía como la Querella ya anticiparon que apelarán, por lo que el expediente será elevado al Colegio de Jueces.

¿Qué dijo la defensa?

Durante la audiencia, los abogados de la acusada insistieron en que su clienta no representa un riesgo de fuga y que el Código Procesal de la provincia establece que la libertad es el principio general. Además, remarcaron su conducta intachable dentro del Servicio Penitenciario y la necesidad de resguardar sus garantías constitucionales.

¿De qué se la acusa?

La investigación, que aún está en etapa preliminar, apunta a que Reyna del Portugal Escudero habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían. Según la Fiscalía, los acuerdos contaban con certificación de firmas y habrían perjudicado a personas en situación de vulnerabilidad.

Los lotes, ubicados en el barrio Familia Unida de Villa Mercedes, abarcarían unas 16 manzanas que luego fueron adquiridas por la Municipalidad y cedidas al Gobierno provincial. Pero el caso no termina ahí: también se investiga una posible estafa procesal vinculada a otros trámites civiles.

Además de la imputada, la causa alcanza a Luciano Pizarro Quilaman y a un tercer sospechoso que permanece prófugo. El Ministerio Público Fiscal continúa incorporando evidencias para llegar al control de acusación, instancia en la que se definirá si el caso va a juicio.