Le arrancaron el medidor y la llave de paso: lo que encontró una vecina en su cámara de seguridad

El robo de medidores de agua y llaves de vereda volvió a golpear a los vecinos de la ciudad de Neuquén. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) confirmó una serie de sustracciones en distintos barrios de la capital, con epicentro en las inmediaciones del Parque Jaime de Nevares, y las familias afectadas no solo quedan sin suministro: también deben pagar de su bolsillo la reposición de las piezas.

La alarma se encendió a partir de una seguidilla de reclamos que, en un primer momento, no parecían tener origen delictivo. Los vecinos llamaban por falta de agua y por pérdidas en la vía pública, pero cuando las cuadrillas llegaban al lugar se encontraban con que faltaba la llave de vereda y el medidor.

Así lo relató Martín Giusti, coordinador del EPAS, en diálogo con el programa Línea Abierta, de LU5: "Teníamos reclamos de vecinos que nos estaban llamando por falta de agua y por pérdidas en vía pública. Cuando nos acercamos, está faltando la llave de vereda y los medidores".

Una modalidad que ya había dado que hablar

El robo de piezas de bronce en las veredas no es una novedad en Neuquén. El año pasado los reclamos llegaban de manera constante, incluso por WhatsApp, y hubo episodios que llamaron la atención por el nivel de exposición de los damnificados.

Uno de los más recordados ocurrió sobre calle Linares, donde los responsables de un bar terminaron enrejando la caja de la llave de paso con pasadores de hierro y tornillos de gran tamaño, después de que se la abrieran una y otra vez para llevarse la pieza.

Con el paso de los meses las denuncias bajaron y la modalidad pareció quedar en el olvido. Por eso su regreso sorprendió incluso dentro del organismo. "La verdad que es una sorpresa que a esta altura del año ya empiecen con esta modalidad", reconoció Giusti.

Dónde se concentran los robos

Según los datos que relevó el EPAS, los hechos se repiten en el sector de la plaza Jaime de Nevares, sobre las calles Pehuén, Rivadavia, Alberti y Linares. Los reclamos ingresan durante la noche y, cuando el personal recorre la zona a primera hora de la mañana siguiente, comprueba nuevos faltantes producidos durante la madrugada.

El coordinador vinculó la reiteración en ese punto, en buena medida, con la falta de iluminación. Mencionó especialmente el Pasaje del Sol y sus alrededores, un área que describió como "medio oscura" y que, a su entender, les facilita a los autores moverse sin ser advertidos.

De todos modos, aclaró que el problema excede ese perímetro. "En el barrio Confluencia también se han detectado. No son sectores puntuales. Hemos detectado varios robos", advirtió.

Hasta el momento, el único indicio concreto salió de una cámara de seguridad domiciliaria. Una vecina de la zona del Parque Jaime de Nevares revisó las grabaciones y vio a dos personas recorriendo la cuadra, aunque la escasa iluminación le impidió identificarlas.

Sin agua, con roturas y con la vereda rota

El perjuicio para los frentistas va mucho más allá de quedarse sin suministro. Para retirar el medidor y la llave de paso, los autores no desconectan los elementos: los arrancan, y en el camino rompen mangueras y conexiones domiciliarias.

"Te arrancan todo. Te rompen directamente", describió Giusti. El resultado es que las viviendas quedan sin agua, aparecen pérdidas en la vía pública y en muchos casos hay que romper la vereda para poder concretar la reparación.

Quién paga la reposición

Uno de los puntos que más indigna a los damnificados es que el costo de reponer lo robado recae sobre ellos. El medidor y la llave de vereda son propiedad del frentista, no del organismo que presta el servicio.

"La llave de vereda y los medidores son propiedad de los frentistas. No es el EPAS el dueño de estas piezas", precisó el coordinador.

En cuanto a los valores, un medidor de agua ronda hoy los 100.000 pesos, mientras que una llave de vereda cuesta cerca de 50.000. Cuando los delincuentes se llevan ambos elementos, el gasto para la familia afectada trepa a unos 150.000 pesos, a lo que en algunos casos hay que sumarle la reparación de la vereda.

"Es una pérdida importante la que tienen que enfrentar los vecinos", admitió Giusti.

Si bien la compra de las piezas corre por cuenta de los usuarios, el ente asume en la mayoría de los casos la colocación. "Nos hacemos cargo nosotros de la colocación, porque ya están hechos los reclamos y, obviamente, cuando concurrimos vemos este faltante", explicó.

El procedimiento, sin embargo, exige más de una visita por domicilio: en la primera intervención las cuadrillas hacen una conexión provisoria para restablecer el servicio y recién vuelven cuando el vecino consigue el nuevo medidor o la nueva llave para dejar la instalación definitiva.

"El EPAS tiene que concurrir a veces hasta dos veces al mismo lugar por este tema", señaló el coordinador, en referencia a la carga operativa extra que generan los robos.

Qué se puede hacer para proteger las cajas

Consultado sobre la posibilidad de reforzar las cajas de vereda con estructuras metálicas, como hicieron los comerciantes de calle Linares, Giusti sostuvo que es una alternativa viable aunque con desventajas.

"Se puede hacer, lo que pasa es que se encarece o los vecinos tienen que romper más la vereda. Es algo que no es estético", explicó.

En el caso del medidor el margen de protección es menor, porque el personal del organismo necesita acceder a él para registrar el consumo.

Frente a este panorama, el EPAS resolvió difundir una advertencia pública. Giusti contó que dentro del organismo ya se venía evaluando la necesidad de alertar a la población y agradeció el espacio en la radio para hacerlo.

"Tenemos que avisarles a los vecinos que estén más atentos", expresó. La recomendación es dar aviso ante cualquier movimiento sospechoso en las veredas y hacer el reclamo de inmediato cuando se detecte la falta de suministro o una pérdida en la vía pública.

Un circuito que se repite

La sustracción de piezas de bronce y cobre en el espacio público forma parte de un problema más amplio, que incluye también el robo de cables de alumbrado, telefonía y energía, y que se sostiene con la comercialización informal de esos metales como chatarra.

En la región ya hubo iniciativas para controlar ese circuito. En marzo de 2024 la provincia de Río Negro reglamentó una ley que regula la compraventa de cobre y otros metales y exige trazabilidad a los comercios del rubro, mientras que ese mismo año se presentó en la ciudad de Neuquén un proyecto de ordenanza orientado a combatir el robo de cables.