Las denuncias de género crecieron un 93% y Salta prorroga la emergencia por dos años

La violencia de género en Salta muestra números que encienden todas las alarmas. Según datos oficiales, las denuncias registradas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género crecieron un 93% respecto de 2016. Hoy, casi tres de cada diez denuncias en el Sistema Único de Denuncias corresponden a situaciones de violencia familiar o de género, y en la Unidad de Flagrancia ese tipo de casos representa un tercio de las intervenciones, con casi un 40% de ellas durante la noche.

A ese panorama se suma un dato contundente: con siete femicidios en lo que va del año, Salta ya igualó el total de casos reportados durante todo 2025.

Prórroga de la emergencia

En ese contexto, y con el vencimiento previsto para el próximo 8 de septiembre, la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado de Salta emitió dictamen favorable para prorrogar por dos años la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. La iniciativa, impulsada por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro, busca autorizar al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para mantener los servicios de asistencia, contención y protección en todo el territorio provincial.

La decisión cobra relevancia ante la falta de envío de fondos del Gobierno Nacional. Ese recorte contrasta con una demanda de ayuda estatal que no para de crecer: en los primeros ocho meses de 2026, el Servicio de Orientación, Contención y Asistencia ya cubrió el 86% de todas las asistencias brindadas durante 2025, y se proyecta cerrar el año con un incremento del 129%.

Los requerimientos judiciales también marcan el crecimiento: las solicitudes enviadas por la Justicia alcanzaron el 116% del total acumulado el año anterior, y se estima que treparán al 170% al finalizar el período.

Menos áreas de género en los municipios

Las autoridades advirtieron, además, sobre una pérdida de institucionalidad en los municipios salteños: menos del 50% de las comunas conserva áreas específicas de género, que en su mayoría fueron absorbidas por las secretarías de Acción Social. Para cubrir ese déficit en el interior, se planteó la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral que asigne referentes territoriales para orientar y acompañar a las víctimas durante todo el proceso judicial y sanitario.

Más formación con la Ley Micaela

En materia formativa, durante 2026 se certificó a 640 personas en el marco de la Ley Micaela, proceso al que se prevé incorporar un agente de inteligencia artificial. También se profundizó la capacitación de las fuerzas policiales, que son la primera línea de auxilio ante una emergencia.