Las cifras que desmontan el mito: Formosa revela la verdad detrás de las 4.375 hectáreas cuestionadas

Mientras las ONGs internacionales denuncian una supuesta deforestación descontrolada en el Norte argentino, el gobierno de Formosa salió al cruce con datos satelitales que revelan una realidad muy distinta. El Ministerio de la Producción y Ambiente emitió un informe técnico que desmiente el “sensacionalismo ambiental” y expone cifras concretas.

¿Qué dice el informe oficial?

Wilson Dutra, director del Registro, Control y Fiscalización, fue el encargado de aclarar la situación. Según el funcionario, de las 4.375 hectáreas señaladas por las organizaciones ambientales, 3.078 hectáreas (el 70%) corresponden a desarrollos productivos autorizados. Estos proyectos cuentan con Permisos de Cambio de Uso de Suelo (Pcus) y superaron rigurosas evaluaciones de impacto ambiental.

La actividad legal se concentra en solo 21 autorizaciones, todas bajo el marco de la Ley Provincial 1.660 y el Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For).

El 30% restante: intervenciones menores

El otro 30% (1.297 hectáreas) no responde a un avance agroindustrial descontrolado, sino a intervenciones menores y atomizadas. La tecnología satelital Landsat-Sentinel_JQS detectó 73 puntos de intervención con un promedio de apenas 17,7 hectáreas cada uno, vinculados principalmente a pequeños productores o familias rurales.

Críticas a las ONGs internacionales

Dutra no ahorró críticas hacia la metodología y las intenciones de ciertas organizaciones internacionales. Sugirió que estas campañas buscan “presionar y condicionar el desarrollo soberano” de las provincias. Incluso, deslizó que los orígenes de financiamiento de algunas de estas entidades han estado históricamente ligados a gigantes energéticos como Royal Dutch Shell, lo que pone bajo sospecha la objetividad de sus informes.

Tolerancia cero con la ilegalidad

Lejos de la “complicidad” que denuncian los activistas, Formosa ratificó una política de tolerancia cero ante la ilegalidad. En lo que va de 2026, ya se han fiscalizado 37 predios que suman más de 928 hectáreas en situación irregular, los cuales se encuentran en proceso de sanción. El funcionario fue tajante al señalar que el Estado provincial no solo aplica multas económicas, sino que exige la ejecución de planes de recomposición para restaurar los ecosistemas afectados.