Lanesan Sancho contra el decreto de Santa Cruz: el punto que compromete la independencia judicial

La diputada nacional Moira Lanesan Sancho presentó esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración para expresar su “repudio y preocupación” por la escalada institucional del Poder Ejecutivo de Santa Cruz contra integrantes del Poder Judicial provincial, a través del Decreto N.° 608/24.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados Ana María Ianni, Kelly Olmos, Juan Carlos Molina, Sergio Dolce y Paulo Agustín Tita, cuestiona el uso de esa herramienta reglamentaria para cesar a jueces y funcionarios judiciales “por vía jubilatoria”, afectando garantías constitucionales como la independencia, estabilidad e inamovilidad de la magistratura.

¿Qué dice el decreto?

El decreto provincial N.° 608/2024, dictado en el marco de la reglamentación de la Ley Previsional N.° 1782, establece mecanismos de notificación y plazos para el cese de actividades del personal estatal. Sin embargo, según la diputada, su aplicación sobre miembros de la magistratura implica una invasión de competencias.

“El Poder Ejecutivo no puede utilizar su potestad reglamentaria para intervenir, directa o indirectamente, en la composición de otro Poder del Estado”, advierte Lanesan Sancho en los fundamentos del proyecto.

La legisladora sostiene que el decreto transforma un procedimiento previsional en una vía administrativa capaz de producir vacantes judiciales compulsivas, lo que, en un contexto de conflicto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial, “abre la puerta a una renovación política de los tribunales con personas afines al gobierno de turno”.

Impugnación y antecedentes

El proyecto también subraya que la medida se encuentra actualmente impugnada ante el Tribunal competente, y que su aplicación podría violar principios de irretroactividad y derechos adquiridos, además de contradecir la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo N.° 1260.

“La estabilidad judicial existe precisamente para impedir que las mayorías políticas circunstanciales puedan modificar discrecionalmente la composición de los tribunales”, enfatiza Lanesan Sancho, quien agrega: “No se trata de defender a un gobierno, a un partido o a un grupo de jueces; se trata de defender una regla esencial de la democracia: ningún poder del Estado debe someter, condicionar o modificar discrecionalmente la integración de otro poder”.

La declaración exhorta al Poder Ejecutivo de Santa Cruz a abstenerse de modificar la permanencia de magistrados y funcionarios judiciales mediante actos administrativos, y a respetar estrictamente la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.