La visitaron tras un choque, se ganaron su confianza y terminaron dueños de todo lo que tenía

Empezó con un choque, siguió con visitas y cuidados, y terminó con un poder firmado ante escribana. Lo que la mujer creyó que era un trámite para su internación fue la llave que abrió todo lo demás: transferencias, créditos y un auto que ya no es suyo.

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La visitaron tras un choque, se ganaron su confianza y terminaron dueños de todo lo que tenía
La visitaron tras un choque, se ganaron su confianza y terminaron dueños de todo lo que tenía

Una mujer de 83 años de Villa Gobernador Gálvez quedó despojada de casi todo su patrimonio tras tres años de maniobras que la Fiscalía atribuye a un matrimonio que primero se ganó su confianza y después se hizo con el control de sus bienes. Marilina D., de 48 años, y Walter R., de 53, fueron imputados por estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, y quedaron en prisión preventiva por cuatro meses.

La causa la lleva adelante la fiscal Cecilia Brindisi. El vínculo entre la pareja y la víctima no fue planificado: todo empezó a raíz de un accidente de tránsito que la mujer sufrió en 2023. A partir de ese contacto ocasional, según la acusación, los imputados construyeron una relación de confianza que usaron para meterse cada vez más en sus asuntos personales y patrimoniales.

De la confianza al control total

La Fiscalía sostiene que la pareja llegó a manejar las llaves de la vivienda, a poner a dos cuidadores allegados a ellos, a operar sus tarjetas bancarias y a disponer del dinero de sus haberes y otros ingresos. También se investiga la transferencia de un Renault Sandero que era de la mujer y que terminó en poder de los acusados.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 3 de abril de 2024, cuando la víctima firmó ante una escribana un Poder General de Amplia Administración y Disposición de Bienes. De acuerdo con la imputación, le hicieron creer que se trataba de un documento vinculado con su cuidado y una posible internación en una residencia para adultos mayores, sin explicarle qué facultades estaba cediendo.

Con ese poder, siempre según la Fiscalía, comenzaron a operar sobre el patrimonio sin autorización expresa y sin rendir cuentas. Entre otras maniobras, rescindieron el alquiler de una vivienda que la mujer tenía en Villa Gobernador Gálvez y allí hizo ingresar el hijo de uno de los imputados, mientras la víctima era internada primero en Alvear y después en Rosario.

Muebles, cuentas y créditos

También se investiga qué pasó con los muebles y efectos personales que quedaron en el departamento. Según la acusación, los bienes fueron retirados o desaparecieron y, cuando la mujer reclamó, los imputados habrían respondido que estaban guardados en un quincho. Hasta ahora nunca fueron restituidos.

El movimiento de las cuentas bancarias es otro de los ejes de la causa. La Fiscalía detectó el cobro de haberes previsionales y otros ingresos, además de compras con tarjetas de crédito y débito. En enero de 2024 la mujer tenía unos 400.000 pesos en su caja de ahorro; al 31 de agosto de 2026 quedaban apenas 1.500 pesos.

La investigación también encontró préstamos pedidos a nombre de la víctima usando las facultades del poder. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025 se habrían gestionado créditos por 5.410.000 pesos en total: uno de 2 millones, otro de 1.650.000, uno de 1.450.000 y uno de 310.000. Para la Fiscalía, esos fondos no se destinaron a las necesidades de la mujer.

Como ejemplo, el 25 de agosto de 2025 se acreditaron 1.450.000 pesos de uno de esos préstamos y al día siguiente se transfirieron 1.407.000 pesos a un hombre que la víctima no conocía. También hay transferencias a terceros hechas durante 2024, 2025 y 2026. Un hombre sin actividad comercial declarada habría recibido al menos 14 operaciones por 7.180.000 pesos. En paralelo, se giraron alrededor de 2 millones de pesos a un geriátrico de Alvear y 5,8 millones a otra residencia de Rosario.

El último tramo de la investigación se remonta al 4 de enero de 2024, cuando el Renault Sandero de la mujer fue transferido a nombre de una tercera persona. Luego, según la Fiscalía, los imputados tomaron posesión del auto con el argumento de que buscaban evitar un supuesto juicio laboral iniciado por alguien que había trabajado para la víctima.

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