La víctima de un exasesor legislativo denuncia a policías y a una fiscal por encubrimiento

M.V., la mujer que en 2020 denunció haber sido torturada y violada por José Villarreal, exasesor legislativo del Departamento Río Seco, ahora amplió su reclamo y apuntó contra los funcionarios que no investigaron su caso. La presentación alcanza a efectivos policiales y a la fiscal Fabiana Paula Pochettino, a quienes acusa de haber blindado al denunciado.

M.V. tiene 38 años y arrastra secuelas de una vida marcada por el sufrimiento. Fue dada en adopción en 1990, cuando tenía apenas dos años, y quedó bajo el cuidado de la familia de José y Julián Villarreal en Villa de María de Río Seco.

En su relato, contó que la golpeaban de todas las formas posibles y que la obligaban a trabajar de sol a sol, incluso hasta la madrugada. En invierno, por ejemplo, tenía que lavar a mano la ropa de toda la familia hasta las cuatro de la mañana.

También relató un episodio terrible: en una oportunidad la ataron con una soga al cuello y la colgaron de un árbol. Un vecino que pasaba por el lugar la rescató, y gracias a eso hoy puede contar lo que vivió.

Los dos hermanos abusaron sexualmente de ella, según su testimonio, y hasta la obligaron a casarse. A los 16 años logró escapar y, ya en 2020, decidió reclamar justicia. Pero ni la Policía ni la fiscal que intervenía en ese momento avanzaron con la causa.

No es un dato menor que José Villarreal tuviera vínculos con el poder. Trabajaba para Ramón “Cañito” Flores, exintendente de Villa de María de Río Seco y actual legislador en uso de licencia por el Departamento Río Seco.

La denuncia contra los funcionarios

La abogada Marina Romano, que representa a M.V., presentó una denuncia contra los funcionarios policiales y judiciales que no hicieron nada para esclarecer la grave denuncia de 2020.

“Ampliamos nuestra presentación y denunciamos a quienes le tomaron la denuncia y a la fiscal Fabiana Paula Pochettino, porque creemos que, como mínimo, hay un encubrimiento para favorecer a los denunciados, agravado por la condición de funcionarios públicos. También fueron responsables del retardo en la Justicia, porque recién sale a luz esto, seis años después de la denuncia”, dijo Romano.

La letrada cordobesa consideró que el caso “se enmarca en violencia institucional y de género, porque hubo una impunidad garantizada por el poder”. Y agregó: “Ella fue reducida a la servidumbre, abusada, golpeada y hasta intentaron matarla. Todo eso, desde que tenía dos años de edad. ¿No vieron la gravedad de la denuncia? ¿Por qué no hicieron nada?”.

Para Romano, no se trató de una simple negligencia: “Fue un verdadero blindaje institucional para proteger a José Villarreal, quien ostentaba hasta hace poco una marcada influencia en el norte cordobés”.

En diálogo con la 90.1, la Radio del Centro del País, la abogada dijo que su representada “quiere justicia, porque su causa se mantuvo en un estado de oscuridad desde el año 2020”. Y reflexionó: “Si hubieran actuado bien en esa época, probablemente, estos últimos abusos no hubieran ocurrido”.

Además, cuestionó que Villarreal haya podido trabajar como asesor legislativo sin presentar antecedentes penales: “Sin politizar, me parece que para ingresar al Estado o para la mayoría de los trabajos hay que presentar un certificado de antecedentes. A José Villarreal no le pidieron nada”.

El caso de M.V. tomó relevancia pública a partir de otra causa, la que investiga la fiscal Analía Cepede por grooming y abuso sexual contra al menos cuatro niñas y adolescentes de la localidad. En esa causa hay 15 detenidos, entre ellos un policía y José Villarreal.