La venta de tierras frente al Perito Moreno sigue trabada: qué falta para anular la excepción
La venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno sigue habilitada por un decreto que la Legislatura quiere anular. La comisión dio el primer paso, pero la votación final aún no llega y la Justicia mantiene un freno parcial. ¿Qué falta para que la operación quede sin efecto?
La Legislatura de Santa Cruz dio un paso más en la pulseada por las casi 21 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno que un decreto provincial habilitó a vender a una empresa extranjera. La comisión de Recursos Naturales emitió un despacho unánime para derogar esa excepción, pero la Cámara todavía no votó y el decreto sigue vigente.
El aval que destrabó el trámite
El martes 10 de noviembre, la comisión que preside la discusión dio luz verde a un anteproyecto de despacho que respalda la iniciativa del diputado Carlos Alegría y otros legisladores. La medida había quedado pendiente en octubre, cuando los diputados pidieron informes y explicaciones a los organismos provinciales que intervinieron en la operación.
Ahora el proyecto deberá pasar por Asuntos Municipales, la próxima instancia prevista. Recién después podría llegar al recinto. Por ahora, el Decreto 915/2026 que autorizó la venta continúa en pie.
Qué se autorizó y por qué genera rechazo
El decreto 915/2026 permitió, por única vez, una excepción a las restricciones provinciales para la compra de tierras por parte de extranjeros en áreas protegidas. La autorización alcanzó a una operación entre privados: Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate S.A.U., como compradora, una sociedad argentina controlada por una firma constituida en Emiratos Árabes Unidos.
Las parcelas en cuestión son la G2, de unas 11,7 hectáreas, y la G3, de unas 9,3. Están dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, donde se proyecta el desarrollo turístico Master Plan Ecocentro. El decreto condicionó el emprendimiento al cumplimiento de la normativa ambiental y del Plan de Manejo del área. El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, afirmó que el proyecto original fue modificado para ajustarse a ese plan.
La iniciativa legislativa no solo busca derogar la excepción: también declara nulos los actos derivados de esa autorización y pretende dar rango de ley a las restricciones vigentes, además de impedir nuevas excepciones particulares. En la misma reunión, la comisión respaldó otro proyecto para solicitar al Consejo Agrario documentación complementaria sobre la operación.
El freno judicial y el pedido de los vecinos
En paralelo, en octubre el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble que se abstuviera de inscribir transferencias, cesiones o nuevos derechos reales sobre las dos parcelas. También dispuso remitir el amparo a la Corte Suprema. La medida fue preventiva y se limitó a las inscripciones: no anuló el decreto ni se pronunció sobre la validez de la operación.
Vecinos de El Calafate, por su parte, presentaron un pedido para que la Legislatura constituya una comisión investigadora que revise cómo se autorizó la venta. Ese planteo tramita por separado en Asuntos Constitucionales y la comisión todavía no fue conformada.
El próximo paso concreto del proyecto de derogación es su tratamiento en Asuntos Municipales. Cualquier decisión sobre el amparo queda en manos de la Justicia.
